El Juez Penal de Ushuaia, Javier de Gamas Soler, procesó a dos manifestantes más por los incidentes ocurridos el 31 de mayo de este año, cuando la Policía desalojó el frente de la Casa de Gobierno, y dio por demostrado que en aquella jornada, un grupo de dirigentes gremiales pretendió “incendiar la sede gubernamental”.

La resolución judicial conocida el viernes, incluye el auto de procesamiento de Roberto Alejandro Tihuel Avendaño, a quien se acusa de haber propagado el fuego en el momento del desalojo, y se le imputa el delito de “incendio con peligro común para los bienes”, además de trabársele un embargo de 150 mil pesos.

Por su parte, el fallo procesó a Víctor Alejandro Marín, Vicedirector del turno tarde del Colegio Provincial Kloketen, por el delito de “resistencia a la autoridad” al comprobarse “prima facie” que fue uno de los que arrojó tirantes de madera contra los efectivos policiales.

El mismo Jjuez ya había resuelto semanas atrás la situación de varios sindicalistas acusados de la comisión de delitos por diferentes incidentes ocurridos en el marco del conflicto estatal.

Sin embargo, la responsabilidad penal de estos dos imputados había quedado pendiente, junto con el esclarecimiento de quién o quiénes habían originado el fuego cuando la policía comenzó el operativo de despeje de la calle San Martín.

En ese sentido, De Gamas Soler aprovechó la resolución para realizar valoraciones sobre cómo se sucedieron los acontecimientos ese día y cuál fue el desempeño, tanto de los gremialistas como de los efectivos policiales.

“No existe duda razonable de que la ocupación de la principal arteria  de la ciudad por más de tres meses mediante la instalación de construcciones precarias resultaba un medio de protesta ciertamente desproporcionado e intolerable para el resto de la comunidad”, escribió el juez en el pronunciamiento que fue notificado a las autoridades del Gobierno y la Municipalidad. Y agregó, después, que “de ninguna manera puede tolerarse que un grupo de personas afecte a toda la comunidad por un amplísimo lapso temporal, cuando aquello que estaba en tela de juicio eran leyes sancionadas por la propia Legislatura provincial”.

En la misma línea, De Gamas Soler defendió el accionar policial durante el operativo, al sostener que “fueron los uniformados quienes resultaron ferozmente atacados, resultando algunos de ellos con lesiones de consideración y pese a ello se optó por desplazar a los manifestantes para lograr el desarme de las construcciones emplazadas en plena calle”.

“Las acciones violentas desplegadas por los manifestantes para resistir el desalojo son las que merecen reproche”, afirmó.

En el caso de Marín, el magistrado dio por probado que se trata de uno de los dirigentes identificados en las filmaciones “arrojando diversos elementos contundentes, entre ellos una tarima de madera y un tirante encendido fuego”.

A su vez, sobre el origen del fuego, la resolución judicial menciona que hubo dos focos de incendio, ubicados uno cerca del otro, próximos a la calle Roca, y da por demostrado que se utilizaron sustancias combustibles y madera para avivar el fuego en el momento del operativo.

A Tihuel Avendaño le adjudican haber sido una de las personas que propagó las llamas, arrojando tarimas y favoreciendo la combustión.

Según el Juez, la cantidad de material encendido, incluso frente a la puerta del edificio gubernamental, demuestra que “los manifestantes, o al menos algunos de ellos, habían tomado la decisión de incendiar la sede gubernamental aunque no lograron su cometido por mero azar”.

La decisión judicial también les impuso a los acusados la prohibición de acercamiento, a menos de 100 metros, del Vicegobernador Juan Carlos Arcando y de la Gobernadora Rosana Bertone, a la vez que también dictó la falta de mérito o el sobreseimiento parcial de otras personas en los mismos hechos o en otros.

Fuente: eldiariodelfindelmundo.com