“Quienes suscribimos el presente comunicado manifestamos nuestro enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el ‘2x1’, una norma vigente solo entre 1994 y 2001.

Como es de público conocimiento, el fallo con la mayoría de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti declaró aplicable la ley 24.390, derogada en 2001 y más conocida como 2x1, en el caso de Luis Muiña.

Hasta el día de hoy, fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos.

Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.

Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena.

Asimismo, el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema.

De tomar este nuevo criterio de la Corte, los apropiadores podrían tener penas de tres años de prisión, que son de ejecución condicional y, así, un delito que se viene cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho.

Llama poderosamente la atención que la jueza Highton de Nolasco, que en otras oportunidades impartió Justicia a favor de la verdad, hoy vote en sentido opuesto y en línea con los vientos de impunidad vigentes. Para dar un ejemplo, en el fallo Magnacco de 2009, que llamativamente fue omitido por la mayoría del Tribunal, justamente Highton de Nolasco se había pronunciado de forma opuesta a la resolución que tomó hoy, al considerar que debía aplicarse la ley 24.410, que establece penas más graves para delitos de apropiación.

Los organismos no claudicaremos en la lucha por la Justicia y advertimos que agotaremos todas las instancias nacionales e internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado. Asimismo, convocamos a todo el pueblo a defender los derechos conquistados, que son la clave para garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad”.

Firman:

Walter Vuoto, Intendente de Ushuaia; Gustavo Melella, Intendente de Río Grande; Matías Rodríguez, Diputado Nacional; Martín Pérez, Diputado Nacional; Ana Luz Carol, Diputada Nacional; Oscar Martínez, Diputado Nacional; Fabiana Ríos, Gobernadora de Tierra del Fuego (MC); Ricardo Romano, legislador provincial; Concejo Deliberante de Río Grande; Concejal Hugo Romero, Ushuaia; Concejal Silvio Bocchicchio, Ushuaia; Concejal Juan Manuel Romano, Ushuaia; Concejal Matías Rodríguez, Tolhuin;  Concejala Ana Paula Cejas, Tolhuin;  Andrea Cervantes, CONADI; Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Rector Juan Castellucci, Vice rectora Adriana Urciuolo; Frente de Estudiantes Universitarios Fueguinos FEUF Ushuaia, FEUF Río Grande; Frente de Estudiantes Secundarios, FES; Agrupación Estudiantil FARO; Agrupación Estudiantil Sudestada; Unión Estudiantil Freireriana (UEF); Asociación Fueguina de Universitarios, Docentes e Investigadores, AFUDI; Asociación Personal No Docente de la UNTDF, APUN; CGT Regional Ushuaia; Unión Obrera Metalúrgica UOM Seccional Río Grande, UOM Seccional Ushuaia, Gustavo Monje (tesorero); Sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego, Secretario General Pedro Abel Velázquez; CECU, Fabián Rondan (Secretario de Finanzas); Unión Obrera de la Construcción, UOCRA Seccional Ushuaia; Asociación Trabajadores del Estado, ATE Ushuaia; Asociación Trabajadores del Estado, ATE Río Grande; UPCN Tierra del Fuego; Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Ushuaia SOEM; Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ASEOM (Antonio Delgado, Secretario General y Consejo Directivo); Asociación Obreros y Empleados Municipales, ASOEM, Río Grande; Asociación Bancaria, Río Grande; SMATA Río Grande; SADEM Tierra del Fuego, Javier Piñal, Delegado Gremial; SECAPSFPI, Río Grande; Multisectorial Río Grande; Hugo Martínez y Compañeros, Río Grande; Agrupación 1° de Mayo, José Barreta (Secretario General); Agrupación Kolina; Agrupación Facundo Quiroga; Agrupación Néstor Kirchner; Unidad Básica Juan José Valle; Agrupación Dardo Cabo; La Cámpora; Los Irrompibles Tierra del Fuego; Casa Patria Grande, Río Grande; Movimiento de Ocupantes e Inquilinos MOI; Partido Social Patagónico PSP; Nuevo Encuentro, Movimiento de Control Ciudadano; Partido para la Victoria;  FORJA; Partido Espacio de Concertación Social  ECoS; Partido Juntos por Tierra del Fuego .

Fuente: gremialesdelsur.com.ar