Las resoluciones de Margarita Gallardo crean una normativa paralela a la legislación vigente que desconoce derechos para los afiliados con y sin discapacidad.

Más de 1200 resoluciones en lo que va del año que implican la quita de derechos adquiridos, como por ejemplo la negativa de la obra social a continuar con la modalidad de reintegros para profesionales no convenidos, la cobertura de cuidadores domiciliarios únicamente para casos sociales y mediante un subsidio económico, la imposición de un tope de prestaciones médicas mensuales, la negativa a autorizar derivaciones en los meses de diciembre-enero-febrero, y junio-julio, y una larga lista de etcéteras. Esto sumado al “inconveniente informático” que hace que haya afiliados con discapacidad que sigan pagando los coseguros de los que están exceptuados por una resolución que aún no se cumple acabadamente.

Esta política de ajuste que en la obra social muestra su cara más despiadada está avalada por las leyes de enero del año pasado; Gallardo tiene “superpoderes” que la habilitan a dictar normativa sin consenso que sólo pueden ser denunciadas por los vocales electos ya que cuando éstos presentan algún proyecto de resolución en favor de los afiliados, la presidenta hace valer su voto doble para rechazarlo. Así las cosas, impunemente se rechazan afiliaciones por diversos motivos; todos ellos fundamentados en el paquete de leyes, poniendo en riesgo la vida de personas como el caso de la beba que falleció hace 10 días.

Los afiliados deben recurrir indefectiblemente a la Justicia para lograr que la Obra social cubra las prestaciones que les corresponde por ley. Tal como denunciáramos en más de una oportunidad, el marco prestacional no se corresponde con las leyes que otorgan derechos en salud: la ley de Enfermedades poco Frecuentes, la ley 24.901 de prestaciones para las Personas con Discapacidad, la ley de Salud Mental, la ley de Autismo que aún no está reglamentada a pesar de los reiterados pedidos de las asociaciones de padres.

Muchos profesionales médicos que han trabajado con el ex IPAUSS durante años, dejan de hacerlo por la demora en el cobro, la burocratización del sistema informático y el absurdo de no poder atender a los pacientes que necesitan más de dos consultas mensuales; sumado a que algunos médicos solidarios no les cobran el coseguro a las Personas con Discapacidad aunque no aparezcan en el sistema y nadie le reintegra ese dinero.

Trabajar con la Obra Social sigue siendo un negocio para las clínicas privadas y los Hospitales se siguen vaciando con la complicidad del Estado; es hora de que la Justicia y la Legislatura se constituyan en garantes de los derechos de los ciudadanos y obren conforme a la división de poderes que les corresponde en el Estado Derecho.

Secretaría de Discapacidad CTA Autónoma de Tierra del Fuego.

Secretaría de Prensa y Difusión. Comisión Directiva Provincial. SUTEF

Fuente: gremialesdelsur.com.ar