La exposición del Secretario General de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego y del SUTEF, una de las 5 organizaciones argentinas seleccionadas para la Audiencia sobre la Protesta Social en Argentina, fue la siguiente:

"El Estado criminaliza la Protesta Social priorizando la herramienta penal para el tratamiento de los conflictos sociales. Una serie de casos da cuenta de ello.

En Tierra del Fuego, el sindicato docente y otros gremios estatales, sufrimos una persecución política y penal desde hace años, con participación activa de la justicia penal. Además de las irregulares condenas de 2015 por la participación en una protesta social frente a la gobernación, distintos dirigentes sindicales hemos sido víctimas de los juzgados penales de instrucción, con violentos allanamientos a la madrugada y órdenes de incomunicación, en la investigación de delitos como el de resistencia y atentado a la autoridad. Bajo amenaza de prisión preventiva, el Juez penal nos impuso ‘reglas de conducta’ que buscan coartar nuestra participación en manifestaciones y del ejercicio de nuestra tarea como dirigentes.

Además, en el caso de dirigentes sindicales del ámbito estatal, nacional o provincial, la criminalización del ejercicio de la protesta suele venir acompañada de un avance a nivel administrativo para lograr la exoneración de los dirigentes involucrados y así debilitar las organizaciones de trabajadoras y trabajadores.

Este ha sido el caso de, por ejemplo, los dirigentes sindicales de ATE de la provincia de Rio Negro que, mientras suman una serie de imputaciones por liderar protestas de las y los trabajadores estatales, sus empleadores impulsan procesos para levantar su protección sindical, exonerarlos de sus cargos y así debilitar a los sindicatos.

Lo propio ocurre en nuestro caso, en Tierra del Fuego el año pasado el Superior Tribunal de justicia provincial dio luz verde para que se me levante mi protección como dirigente sindical y la Gobernadora proceda a mi exoneración y la de 16 docentes, intentando amedrentar a la docencia, sin haber llegado a la resolución de fondo, sin condena firme y con el juicio prescripto.

En el caso de la represión a las y los trabajadores del Ingenio La Esperanza de Jujuy, la intervención de la justicia, impulsada por el Gobierno provincial, da cuenta de la intención de criminalizar la protesta. Luego del violento desalojo del corte de ruta la justicia provincial ordenó la detención de toda la Comisión Directiva del sindicato y sus asesores legales, por los delitos de daños, lesiones, resistencia a la autoridad y entorpecimiento del normal funcionamiento de los servicios públicos. ´Son unos delincuentes’, afirmó el Gobernador Gerardo Morales en una conferencia de prensa.

Éste no es un caso aislado en la industria azucarera del norte del país. Las y los dirigentes sindicales de los ingenios La Esperanza y Ledesma en Jujuy, y los ingenios el Tabacal y San Isidro en Salta, también han sido todos objeto de persecución y criminalización como respuesta a la organización y movilización sindical. Todas y todos ellos suman causas por delitos de usurpación, coacción, resistencia, etc.

Se destaca un preocupante lineamiento entre los poderes ejecutivos, judicial y los ministerios públicos a nivel federal y provincial, para impulsar la aplicación de figuras como intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad, sedición o corte de rutas o calles, todas ellas con la clara intención de criminalizar y desactivar los conflictos y los reclamos sociales."

Secretaría de Prensa y Difusión. Comisión Directiva Provincial. SUTEF.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar