10.04.2018  |  Ushuaia  |  CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Bertone negó la reincorporación de trabajadoras madres sostén de familias

Mediante el Decreto Nº 851/18, el Gobierno de Tierra del Fuego negó la reincorporación de las trabajadoras a pesar de que la Cámara de Apelaciones declaró nulo el procesamiento de Nadine Calvo, y la indagatoria de Paola Sánchez, en la “causa armada” por supuestas amenazas a punteros políticos del Gobierno provincial.

Mediante el Decreto Nº 851/18, el Gobierno de Tierra del Fuego negó la reincorporación de las trabajadores diciendo: “no hacer lugar a la presentación efectuada por la agente Nadine Calvo, contra el Decreto provincial N° 2720/17 que la suspende preventivamente, hasta la finalización de la causa penal N° 27399 caratulada Eposto Javier s/denuncia”, a pesar de que la Cámara de Apelaciones declaró nulo el procesamiento de Nadine Calvo, y la indagatoria de Paola Sánchez, en la “causa armada” por supuestas amenazas a punteros políticos del Gobierno provincial.

En el 2016 el Gobierno de Tierra del Fuego impuso un brutal ajuste, cerrando toda posibilidad de dialogo, provocando uno de los conflictos laborales más duros de la provincia. Como parte de la estrategia del Gobierno se judicializó la protesta social con denuncias fabricadas con punteros y funcionarios políticos, que irrumpían en los espacios de protesta intentando descontrolar a los manifestante, situación que nunca lograron; a pesar de eso, realizaron denuncias sin sustento, que hasta el día de hoy siguen presionando a los referentes y no referentes de los trabajadores, que a pesar de la cercanía entre los poderes “independientes” de la Justicia, Legislatura y Ejecutivo, no llegan a concretarse en juicios o condena pero si en condicionamientos y restricciones, a saber, descuentos compulsivos, provisión de acercamiento a edificios públicos, sumarios administrativos, suspensiones arbitrarias, etc.

 

Situación puntual

* En el mes de junio de 2017 (a más de un año de los hechos denunciados) llaman a indagatoria a las trabajadoras acusadas. Si bien la causa está plagada de intencionalidades, entre la que se puede destacar MIRA QUE DECLARARON los punteros políticos que utilizaron de testigos, por ejemplo: RONNY ORTEGA, (Fs 8 y 9 DE LA CAUSA PENAL) dijo cuando le preguntaron: “existieron amenazas de parte alguna o algunas personas? y, en su caso, relate a quien iban dirigidas las mismas”, RESPONDE: “que el deponente no escucho que hubiera habido amenazas”; no conformes con la repuesta insisten PREGUNTADO POR S.S. para que diga “si al momento de que el deponente intentaba ingresar a la Casa de Gobierno por la entrada ubicada sobre la calle Laserre, si pudo ver si el señor Agustín IANDOLI estaba en el lugar y, en su caso, mencione a qué distancia se encontraba este del declarante y si pudo escuchar si el nombrado IANDOLI recibió amenazas, debiendo especificar, en su caso, en que consistieron las mismas y a quien o quienes las profirieron”, RESPONDE: "Agustín estaba al lado suyo, que era todo un griterío, que en realidad sí hubo amenazas pero no recuerda su contenido, las cuales iban dirigidas para todo el grupo que quería ingresar a trabajar, no habiendo escuchado el deponente si alguien de manera personal le profirió amenazas a Agustín", eso declara el testigo privilegiado de lo vivido. Otro testigo Carlos HOKAY MUNCH cuando se le pregunto "si pudo escuchar si existieron amenazas" RESPONDE: “que no recuerda en este momento si hubo amenazas”, y el último testigo, RODOLFO VICTOR ALFREDO JAIMES, también declara "que no escucho amenazas"

* En el mes de septiembre de 2017 suspendieron “preventivamente” (a más de 18 meses) a las dos referentes de la administración general dejándolas sin su salario bajo la figura de un artículo de un decreto de la dictadura cívica militar que regula la ley 22140, también de la dictadura cívica militar, basado en el procesamiento de las trabajadoras que dicta la “independiente” Jueza BARRIONUEVO. De esta forma las ejemplifica a la vista de la sociedad y de sus propios compañeros, imponiendo el miedo por sobre toda posibilidad de protesta.

* En el mes de febrero de 2018 la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego declara “nulo” el procesamiento de Calvo y la indagatoria de Sánchez, dejando sin sustento el decreto de suspensión preventiva.

* Al mes de abril de 2018 a más de 40 días del fallo de la Cámara todavía no han podido recuperar su puesto laboral.

Así, también el Juez Laboral del Distrito Judicial Sur, Guillermo PENSA, mantiene dormido un reclamo judicial que podría resolver la situación laboral por lo irregular de la situación.

La “independencia de la Justicia” se expresa por si sola!

 

Prensa AFEP


Fuente: gremialesdelsur.com.ar

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