El aumento indiscriminado de las tarifas de servicios públicos, el incremento de la presión impositiva y la tremenda devaluación del peso argentino respecto al dólar -junto a una inflación ascendente y continua- generó una situación injusta y corrosiva contra la mayoría del pueblo argentino.

Las deudas impuestas a las familias en Argentina son abusivas y confiscatorias y, en contrapartida, los empresarios se niegan a otorgar aumentos salariales que empaten con una inflación que carcome cotidianamente el poder de compra de nuestros salarios.

En el caso del gas natural incrementaron las tarifas en un 50% promedio a partir de este mes de octubre, eliminaron la bonificación por menores consumos, llevaron la Tarifa Social casi a su inexistencia y redujeron los beneficios a entidades de bien público. Y a manera de plus, resolvieron imponer en forma arbitraria 24 cuotas extras con sus respectivos intereses (más intereses adicionales entre la fecha de facturación y el pago efectivo) para hacernos cargo de la diferencia de precio –por efecto de la devaluación– que cobran las empresas petroleras al tener dolarizada su producción. 

Queda claro: los mayores beneficiarios de estos aumentos inauditos y en cadena son las empresas productoras de petróleo, gas, energía eléctrica, servicios de agua potable, telefonía y bancos, con sus intereses confiscatorios sobre las deudas de tarjetas de crédito y préstamos y créditos hipotecarios. Es decir, una minoría específica que presiona sin tapujos para que la crisis la paguen los trabajadores/as y sus familias, los jubilados, los subocupados y los desocupados.

Por esta razón, convocamos a todas las organizaciones sindicales, movimientos sociales, trabajadores/as monotributistas y autónomos, representantes de las PyMEs, de defensa del consumidor, clubes, cooperativas, mutuales, asociaciones de jubilados y pensionados, cooperadoras escolares y a los usuarios que sientan vulnerados sus derechos a unirse en un reclamo sencillo, justo y profundamente democrático:

Condonación de las deudas contraídas por todos los usuarios de gas, luz, agua y telefonía desde diciembre 2017 y de los intereses de las tarjetas de crédito respecto a los gastos de alimentación, vestimenta, vivienda y equipamiento, movilidad y comunicación.

El pueblo movilizado debe poner en el centro de la escena la defensa de los derechos básicos que permitan llegar a fin de mes y reactivar nuestra economía.

La economía real no es sólo una teoría que se explica por los medios. Es una realidad que se sufre en la vida práctica.   

No se le puede cobrar a quien ya no puede pagar.

No se le puede cobrar a quien no le corresponde pagar.

No queremos favores. Queremos justicia para las mayorías que hacen este país diariamente.

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma

José Rigane – Secretario Adjunto CTA Autónoma

Dora Martínez – Secretaria Adjunta CTA Autónoma

Fuente: gremialesdelsur.com.ar