En un contexto en el que la criminalización de la protesta adquiere ribetes cada vez más violentos, ocasionando incluso la muerte de militantes como ocurrió recientemente en La Matanza y en Córdoba, la decisión firmada por la Ministra de Seguridad abre las puertas al asesinato de manifestantes cometido con la protección del Estado. La resolución otorga amplia discrecionalidad a los efectivos para decidir en el lugar cuándo está en presencia de un “delito particularmente grave”, de un “peligro inminente”, o de una maniobra que crea potencialmente peligrosa; y en base a esa apreciación unilateral e individual quedaría habilitado a emplear armas letales.

No podemos desconocer el sentido de esta resolución, de parte de un Gobierno que se puso de parte de quienes asesinaron a Rafael Nahuel, que obstaculizó la investigación sobre la desaparición de Santiago Maldonado, al tiempo que intenta construir “enemigos” que justifiquen el uso cada vez más desembozado de la violencia. Ahora, cuando se preparan ajustes más duros contra la mayoría de la población, lo que hacen las autoridades es habilitar la muerte, promover el asesinato, disfrazado chapuceramente de “lucha contra la inseguridad”; pero todos estaremos más inseguros con militares y policías avalados para el crimen.

CONADU Histórica denuncia la escalada represiva y responsabiliza al Gobierno de Mauricio Macri de las consecuencias que puede acarrear la resolución 956/18. Al mismo tiempo, llama a los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y sindicales, expresiones políticas populares y democráticas, a rechazar esta medida y exigir unitariamente su inmediata derogación.

Prensa CONADU Histórica

Fuente: gremialesdelsur.com.ar