A dos meses de su publicación, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó Mauricio Macri para implementar el bono de $ 5.000 y que incluyó un nuevo mecanismo para poner un freno a los despidos se convirtió en letra muerta en este segundo capítulo. La falta de reglamentación por parte del Ministerio de Producción y Trabajo, y la hasta ahora nula predisposición a darle uso a esa herramienta impidió el emplazamiento de mesas de negociación con participación de las empresas y los sindicatos de cada rubro para encontrar salidas alternativas a las cesantías. Ese sistema, que en teoría regirá hasta el 31 de marzo, y el bono, fueron los compromisos asumidos por el Gobierno para disuadir a la CGT de convocar a un quinto paro nacional.

La inaplicabilidad del segundo capítulo del DNU 1043/18 fue corroborada por este diario en las áreas técnicas de la cartera que encabeza Dante Sica, así como entre abogados laboralistas de empresas y sindicatos. De hecho los funcionarios llegaron a enviar a gremios y cámaras empresarias un borrador de reglamentación antes de fin de año pero finalmente optaron por condenar a la normativa al olvido. Por tres días Ámbito Financiero aguardó una respuesta formal prometida por el equipo de Sica con supuestas estadísticas de la utilización del nuevo mecanismo pero al cierre de esta edición los colaboradores optaron por no contestar.

“El problema de la falta de reglamentación es que los empresarios, en su mezquindad, aprovechan cualquier hueco legal para avanzar con despidos”, se quejó ayer ante este diario Héctor Daer, cotitular de la CGT y uno de los responsables de la negociación con el Gobierno y las cámaras patronales del DNU. Ninguno de los especialistas y dirigentes consultados dijo tener dato alguno de una convocatoria de Producción y Trabajo a rediscutir un despido bajo el amparo de la normativa.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial el 12 de noviembre pasado, estableció “un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días previo a hacerla efectiva”. Ante esa información, la cartera de gobierno quedó facultada “de oficio o a petición de parte a convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar (durante el plazo de diez días) las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral”.

El espíritu del decreto, como se encargaron de precisar los funcionarios y los gremialistas que lo negociaron, era habilitar instancias de diálogo previas a las cesantías individuales en medio de un proceso recesivo que sólo en el primer semestre de 2018 había destruido 106 mil puestos de trabajo y cuya tendencia parecía mantenerse en la segunda mitad del año. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, le dijo a este diario que desde abril del año pasado “la caída mensual del empleo es ininterrumpida” y que sólo en tres rubros como industria manufacturera, comercio y transporte y comunicaciones, la pérdida de puestos supera los 10 mil por mes.

La nueva instancia administrativa intentaba además cubrir un bache normativo respecto de las cesantías individuales dado que para los despidos masivos la legislación vigente contempla la obligación para las empresas de solicitar antes la apertura de un procedimiento preventivo de crisis. Esa herramienta, sin embargo, también cayó en desuso en casos recientes como el cierre de Cofco, en Valentín Alsina o los despidos en Télam o en Deutz.

Poco después de la publicación del DNU, que contó con la firma de todo el Gabinete nacional, el equipo de Sica amagó con reglamentarlo y llegó a circular entre laboralistas un borrador que incluía el procedimiento administrativo del preaviso con el detalle de los trabajadores a los que se planeaba cesantear y del empleador. En ese texto y en el decreto se mencionaba que el incumplimiento del paso previo daría lugar a la aplicación de sanciones previstas en la ley 25.212, aunque jamás llegó a precisarse la cuantía de esas multas ni su forma de ejecución. Esa falencia, al no existir la reglamentación, fue la clave para que el DNU resultara abstracto. De hecho en áreas técnicas de la cartera laboral confirmaron que el expediente del decreto pasó a archivo desde el 3 de diciembre sin más cambios.

Todos los laboralistas consultados coincidieron en que la norma no tuvo uso alguno. “El mecanismo de informar antes de despedir no surtió ningún efecto. Solo evidenció la ausencia de una política del Gobierno frente a la crisis de empleo o, lo que es lo mismo, un permiso para que los empresarios despidan sin consecuencias”, afirmó el Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte. Su colega asesor de empresas José Zabala, de AMZ & Asociados, confirmó que en los casos en que sus clientes resolvieron concretar despidos cumplieron con el preaviso ordenado por el DNU pero que en ninguno de ellos hubo convocatoria posterior de Producción y Trabajo.

En la misma línea Pablo Smurra, asesor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dijo tener constancia de compañías que habían enviado la notificación a la repartición pública a la espera de un llamado que nunca llegó, por lo que cumplido el plazo de diez días los despidos quedaron ratificados con el pago de la indemnización correspondiente. Ni siquiera los exfuncionarios del equipo de Jorge Triaca, que fue relegado de Ministro a Secretario de Trabajo por debajo de Sica y permaneció hasta el 3 de diciembre en ese puesto, recuerdan alguna gestión orientada a reconvertir cesantías.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar