La abogada Vanina Suleiman, apoderada de REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) le dijo a Clarín que, “de este fallo se desprende que se deben restablecer las pensiones que se dieron de baja en 2016 y que sólo por carta documento pueden ser citadas por ANSeS”.

En el fallo, los jueces señalan que el decreto 432 exige para acceder a esa prestación que la persona tenga una invalidez en su capacidad laborativa superior al 76%, no tenga bienes, recursos o ingresos que permitan su subsistencia y no tenga parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos.

En consecuencia, preguntan, “¿es justo que una persona con el 76% o más de incapacidad -lo cual representa un grave infortunio que daña la calidad de vida digna de la persona que la padece y la sustrae del mercado laboral formal- tenga que verse privada de su prestación (en febrero de 2019 el beneficiario de esta pensión no contributiva por invalidez percibe $6.516,37 y a partir de marzo percibirá $7.287,25), porque goza de alguna otra prestación o su cónyuge goza de un beneficio previsional o asistencial (la mayoría irrisorios y por debajo de la línea de la pobreza), o porque tiene parientes obligados a proporcionarle alimentos, o familiares que puedan asistirlo?".

"¿Acaso la persona con capacidades diferentes debería promover costosos procesos civiles o penales contra su cónyuge, parientes consanguíneos o afines, ascendientes o descendientes u otros familiares que podrían asistirlo -como establece la reglamentación remisos o insensibles frente a las obligaciones alimentaria que prescribe el Código Civil y Comercial de la Nación?”, agregó la cámara.

Con relación a la carga para que se comuniquen telefónicamente al *130, la sentencia dice que afecta la defensa en juicio y le da la razón a la demanda por cuanto “no contempla los casos de discapacitados auditivos, invidentes o ambliopes: ¿Cómo harían estas personas con capacidades diferentes para comunicarse al número 130 a fin de solicitar un turno para presentar el descargo -al modo de una condición resolutoria del artículo 348 del Código Civil y Comercial de la Nación- con respecto a las incompatibilidades que les imputaría el órgano de gestión, dentro del plazo perentorio de 10 días?”.

Fuente: clarin.com.ar