Por 6 votos a 2, este martes el Directorio del IPAUSS rechazó el proyecto donde se establecía una “emergencia económica” para los próximos meses. 

El abogado de los docentes del SUTEF, Néstor Sánchez Otharán, se refirió a los alegatos que se realizaron en el juicio que se sigue a docentes y camioneros, “se confirmaron las sospechas con la amplitud de acusaciones que permite a la fiscalía salir a la pesca”, sostuvo.

La Mesa Sindical Tierra del Fuego, confirmó el paro de actividades previsto para el próximo jueves con movilización hacia la Legislatura. “Nos hemos enterado que los Legisladores quieren sesionar el jueves de espaldas a los trabajadores para tomar algunas decisiones sobre el IPAUSS y el Código Contravencional”, indicó Ramón Calderón.

El Secretario General de ATE, Carlos Córdoba, se refirió al acompañamiento que hacen a los docentes y camioneros que están siendo juzgados. “Nosotros no le tenemos miedo a sentarnos en el banquillo, pero sí le tenemos miedo a como pueda llegar a influir el Poder Político sobre la Justicia”, señaló. 

El Directorio del IPAUSS tratará hoy un proyecto de Emergencia Económica. La misma tendría una duración de 12 meses y se suspendería el otorgamiento del beneficio jubilatorio por dicho período. La iniciativa es promovida por la Directora por los pasivos, Margarita Gallardo de fuertes vínculos con el electo Gobierno de Rosana Bertone

El abogado de los camioneros imputados en el juicio por los incidentes en Casa de Gobierno, Dr. Francisco Giménez, anticipó que en los alegatos que tendrán lugar mañana, solicitará la absolución de todos los acusados. “Está clara la imparcialidad del Estado”, sostuvo.

Debido a que el Tribunal que juzga a los docenes y camioneros por los incidentes del 23 de mayo de 2013 pasó a un cuarto intermedio en la etapa de alegatos, SUTEF no realiza paro de actividades este martes 24 de noviembre.

La Fiscalía pidió 28 condenas que van de 8 meses a 3 años de prisión, y 5 absoluciones de todos los cargos; además de varias absoluciones por diversos hechos. En tanto la parte querellante solicitó condenas de hasta 5 años de prisión.