La Diputada nacional por Tierra del Fuego expresó su preocupación acerca de del proyecto del Gobierno nacional de Reforma Laboral afirmando que es necesario un debate profundo antes de su aprobación. “Confío en que esta propuesta no saldrá tal cual fue presentada, ya que ni sindicatos ni trabajadores están de acuerdo”, indicó Andrea Freites.

Energía, alimentos, textiles y comercio minorista concentran desvinculaciones en distintas provincias en un contexto de reorganizaciones productivas, crisis sectoriales y caída de la actividad.

Un informe del CEPA advierte que la actualización por inflación aplicada desde diciembre de 2023 licuó los haberes, consolidó el ajuste fiscal, y profundizó el deterioro de los ingresos de los jubilados, en especial de quienes cobran la mínima con bono congelado.

El Secretario General de La Fraternidad, Omar Maturano, cuestionó el plan de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional, advirtió sobre los límites al derecho a huelga, y apuntó que es necesario convocar a un paro por 48 horas.

Luego de la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional 2026 que establece una disminución de recursos significativa en todas las áreas estatales, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que, “esta norma reduce a la mínima expresión la capacidad del Estado”.

La Unión del Personal Civil de la Nación  (UPCN) firmó un acuerdo salarial para diciembre del 2% cuando la proyección de la inflación para este mes del 2,2%. De esta forma, “UPCN firmó todo el año paritarias por debajo de la inflación” retrotrayendo los salarios un 13,6% solo en 2025. Desde que asumió Milei, la pérdida del poder adquisitivo de los estatales ya supera el 42,2%. ATE rechazó la misma propuesta.   

Tal como se esperaba, el oficialismo -junto a aliados provinciales, radicales y del Pro, más tres peronistas-, aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo. En la votación en particular también consiguió sostener el artículo 30, sobre desfinanciamiento en educación, ciencia y técnica.

La medida avalada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 fue presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y obliga al Poder Ejecutivo a aplicar los artículos 5° y 6° de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento Universitario.