El Juez Laboral Raúl Ojeda suspendió gran parte de la normativa promulgada en marzo. La decisión incluye los derechos a la sindicalización, la negociación colectiva, y la huelga. Ojeda consideró cumplidos los requerimientos para dictar una acción sobre la inconstitucionalidad de la norma y rechazar planteos del Gobierno.

La Sala 7ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba, en el fallo “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía SAS – Despido”, dictado el 17 de marzo de 2026, declaró la inconstitucionalidad del régimen que permitía pagar indemnizaciones laborales en cuotas (Ley 27.802 de Modernización Laboral). La decisión fue adoptada al resolver un pedido de aclaratoria formulado por la empresa demandada.

En un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al considerar que sus jueces se excedieron en sus atribuciones al modificar el mecanismo de actualización de intereses sin que ello hubiera sido solicitado por la parte actora.

La Cámara Federal de Paraná, en Entre Ríos, rechazó un recurso de apelación del organismo contra la sentencia de primera instancia a favor de un amparo que presentó un trabajador.

La Justicia hizo lugar a la apelación que presentó el Gobierno nacional contra la nulidad del protocolo antipiquetes, por lo que el mismo sigue vigente. "La Justicia nos dio la razón", celebró en redes sociales la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación aceptó una cautelar tras conocerse la reglamentación de la ley. El Abogado que hizo el planteo, Jorge Gentile, dijo que, “es razonable entender que es para todo el mundo”.

El Juez Federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, determinó la nulidad del protocolo antipiquetes diseñado por la ex Ministra de seguridad y actual Senadora, Patricia Bullrich, al concluir que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades propias del Poder Legislativo y dictó una norma que restringe derechos fundamentales sin el respaldo de una ley formal del Congreso.

Un Juzgado federal de Rosario ordenó indemnizar a una profesional que trabajó de manera continua en el Ministerio de Economía bajo locaciones de servicios y convenios con Universidades. El fallo concluyó que el Estado utilizó contratos transitorios para encubrir un vínculo laboral estable y reconoció una reparación equivalente a la de un empleado de planta permanente.