La Jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Cecilia Gilardi de Negre, salió sorteada para definir el planteo judicial sobre el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, realizada por el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, y el Constitucionalista, Andrés Gil Domínguez.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la medida cautelar en favor de un jubilado de 70 años que demandó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por las retenciones del impuesto a las ganancias sobre sus haberes previsionales. La decisión puso en valor la “naturaleza alimentaria” de la jubilación y, en esa línea, ordenó interrumpir las deducciones de manera inmediata.

La Abogada Valeria Carreras denunció al Presidente Javier Milei y al Director Ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, por el supuesto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", en referencia al veto de la ley de movilidad jubilatoria.

La Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió dejar sin efecto los criterios unificados que, hasta el momento, se usaban para calcular los intereses en las sentencias por juicios laborales.

Tras el fallo de la provincia de Misiones, ahora la Sala Décima de la Cámara del Trabajo de Córdoba hizo lugar a una demanda por despido indirecto pero rechazó sumarle las indemnizaciones de los artículos 1 y 2 de la Ley 25.323 por aplicación retroactiva de la Ley de Bases, que eliminó las multas laborales contra el empleo no registrado.

La iniciativa principal propone cambios en la Ley de Asociaciones Sindicales (Nº 23.551). Hay varios proyectos de la UCR, el Pro y la CC que pretenden establecer una única reelección sindical, ficha limpia gremial, no formar parte de órganos deportivos y varios puntos más. 

La demanda la hizo un trabajador rural de Misiones que trabajó 5 años sin estar registrado. Pese a que el juicio fue iniciado en 2016, el Juez no aplicó las multas de los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni las correspondientes al empleo no registrado, por estar derogadas con la Ley de Bases (Ley 27.742).

Se trata del caso de una agente de la administración pública de Tierra del Fuego que fue despedida por no justificar sus largas ausencias. La Corte entendió que la sanción de cesantía “no tuvo en cuenta el estado de vulnerabilidad de la mujer”.