Tras el fallo de la provincia de Misiones, ahora la Sala Décima de la Cámara del Trabajo de Córdoba hizo lugar a una demanda por despido indirecto pero rechazó sumarle las indemnizaciones de los artículos 1 y 2 de la Ley 25.323 por aplicación retroactiva de la Ley de Bases, que eliminó las multas laborales contra el empleo no registrado.

La iniciativa principal propone cambios en la Ley de Asociaciones Sindicales (Nº 23.551). Hay varios proyectos de la UCR, el Pro y la CC que pretenden establecer una única reelección sindical, ficha limpia gremial, no formar parte de órganos deportivos y varios puntos más. 

La demanda la hizo un trabajador rural de Misiones que trabajó 5 años sin estar registrado. Pese a que el juicio fue iniciado en 2016, el Juez no aplicó las multas de los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni las correspondientes al empleo no registrado, por estar derogadas con la Ley de Bases (Ley 27.742).

Se trata del caso de una agente de la administración pública de Tierra del Fuego que fue despedida por no justificar sus largas ausencias. La Corte entendió que la sanción de cesantía “no tuvo en cuenta el estado de vulnerabilidad de la mujer”.

La Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo se sumó a la estrategia pergeñada por los gremios: presentar cautelares individuales para frenar la reinstalación del tributo. Es el segundo gremio que lo hace, ya que el primero fue la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA).

“Estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante contra el ajuste que en el sector público impulsa el Gobierno Nacional”, señaló el Secretario General de ATE nacional, Rodolfo Aguiar. Se esperan respuestas a otras causas aún en trámite.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA), y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) recibieron respuesta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) respecto a la presentación efectuada en fecha 3 de mayo del corriente año, donde se solicitó la reducción de la tasa de interés aplicable para créditos laborales en la Justicia Nacional del Trabajo.

A un año de la puesta en marcha del Protocolo de Gestión de la prueba concerniente a la implementación de la oralidad en los procesos de conocimientos regidos por el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de Tierra del Fuego, un estudio realizado por el Juzgado del Trabajo N° 2 del Distrito Judicial Norte, reflejó la mejora significativa en los plazos de resolución de los procesos judiciales.