La Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en tribunales laborales. También cuestionó el procedimiento seguido por el Juez que intervenía en el expediente

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió otorgar efecto “suspensivo” al recurso de apelación presentado por el Estado Nacional. Esta decisión deja sin efecto, de manera inmediata, la medida cautelar que mantenía frenada una parte sustancial de la Ley 27.802.

Un fallo clave rechazó el intento del Gobierno nacional de trasladar la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal y ratificó la competencia de la Justicia del Trabajo. La Cámara deberá resolver la disputa mientras avanza el frente judicial impulsado por la CGT.

El Juez Laboral Raúl Ojeda suspendió gran parte de la normativa promulgada en marzo. La decisión incluye los derechos a la sindicalización, la negociación colectiva, y la huelga. Ojeda consideró cumplidos los requerimientos para dictar una acción sobre la inconstitucionalidad de la norma y rechazar planteos del Gobierno.

La Sala 7ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba, en el fallo “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía SAS – Despido”, dictado el 17 de marzo de 2026, declaró la inconstitucionalidad del régimen que permitía pagar indemnizaciones laborales en cuotas (Ley 27.802 de Modernización Laboral). La decisión fue adoptada al resolver un pedido de aclaratoria formulado por la empresa demandada.

En un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al considerar que sus jueces se excedieron en sus atribuciones al modificar el mecanismo de actualización de intereses sin que ello hubiera sido solicitado por la parte actora.

La Cámara Federal de Paraná, en Entre Ríos, rechazó un recurso de apelación del organismo contra la sentencia de primera instancia a favor de un amparo que presentó un trabajador.

La Justicia hizo lugar a la apelación que presentó el Gobierno nacional contra la nulidad del protocolo antipiquetes, por lo que el mismo sigue vigente. "La Justicia nos dio la razón", celebró en redes sociales la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.