Se propone que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Gobierno de la provincia y que la Secretaría de Derechos Humanos tenga a su cargo la apertura de un registro para la incorporación de quienes acrediten la condición de tal. Se prevé que el registro se mantenga abierto durante nueve meses y las pruebas deban ser flexibles y dinámicas, aún pudiendo acreditar la cesantía mediante testigos. 

Además, la iniciativa de ATE establece que la partida presupuestaria a afectar corresponda al ejercicio 2014 y que el Poder Ejecutivo tenga a su cargo la difusión pública de la norma a los efectos de evitar la exclusión de cualquier trabajador que se encuentre en condiciones de adherir.

En virtud de ello, el sindicato lanzó un censo en toda la provincia. El registro se encuentra abierto en cada una de las delegaciones y, hasta el momento, se han sumado numerosos trabajadores cesanteados.

"El primer reconocimiento que tenemos que hacer es que los trabajadores cesanteados y perseguidos durante la última dictadura militar hayan confiado en nuestra asociación sindical para canalizar este proyecto", manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro.

"Creemos que tanto el gobierno, como todas las fuerzas partidarias no se pueden oponer a tamaño acto de justicia. Además hay que tener en cuenta que ya se han aprobado proyectos similares en otras jurisdicciones. Como sociedad tenemos la obligación de contribuir a la reparación histórica de estos trabajadores que vivieron décadas de estigmatización y postergación", concluyó el dirigente sindical.

 

Fuente: eltrabajadordelestado.org