20.09.2015  |  Ushuaia  |  METALÚRGICOS

Fuertes cuestionamientos a Newsan, al Gobierno provincial y a la UOM

El Sindicato de Metalúrgicos de Tierra del Fuego (SIMET), hizo público un documento donde advierte que accionará judicialmente contra autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia por “violación de los deberes de funcionario público”.  

 

Los representantes del Sindicato de Metalúrgicos de Tierra del Fuego (SIMET) nos vemos en la obligación de concurrir hasta las oficinas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Tierra del Fuego, a los efectos de denunciar y poner en su conocimiento la existencia de numerosas infracciones por parte del grupo empresario New San en materia de relaciones laborales.

Lamentablemente, estos últimos años, hemos asistido al acostumbramiento social a esta clase de incumplimientos. Incumplimientos de estos empresarios que redundan en un constante avasallamiento de derechos que degradan al trabajador, sometiéndolo a un sistema de contratación abusivo, que no le brinda estabilidad, que se aprovecha de la necesidad de trabajo que tienen las personas.
Nosotros sabemos que la ley asiste y protege a los trabajadores. Ese es su espíritu y eso dice la letra de la ley. Y no solo es la ley, sino que también los propios tribunales han condenado el proceder fraudulento de estos empresarios.
Pero también sabemos que entre las leyes y las declaraciones de derechos y el reconocimiento en la práctica por parte de los empresarios, hay un proceso de lucha que no es fácil.
Sin embargo, con mucho pesar hemos de decir que el sindicato con representación gremial en la actividad, la UOM, también se ha valido de este avasallamiento para lograr y utilizar el estado de necesidad de los trabajadores, con fines políticos internos. De ese modo, han desnaturalizado la función y razón de ser del sindicato, como lo es proteger y luchar por reconocer y mejorar los derechos de los trabajadores frente al frío y calculador fin de lucro de las empresas.
Nosotros sabemos que en este momento las empresas que componen el grupo Newsan se encuentran violando la ley laboral. Esa violación es actual. En este momento compañeros trabajadores están siendo sometidos a un sistema de contratación ilegal que ya ha sido condenado por la justicia.
La UOM no hace nada al respecto. Muy por el contrario, lo fomenta.
¿Y el Estado? El Estado tiene como fin el bien común. Y dicta las leyes imperativas para que sean cumplidas. ¿Cómo hace el Estado para para controlar el cumplimiento de las leyes que el mismo dicta? Debe sancionar administrativamente su incumplimiento.
En materia laboral en la provincia de Tierra del Fuego existe una policía del Trabajo creada por la ley provincial Nº 90.
Por esa ley, le corresponde a la Subsecretaría de Trabajo verificar el cumplimiento de las leyes laborales en todo el territorio de la provincia.
En el marco de esa obligación, la ley le otorga amplísimas facultades para que de oficio, o a partir de denuncias de particulares (como es el caso que aquí denunciamos) pueda verificar los incumplimientos y aplicar las sanciones correspondientes.
El grupo Newsan hace lo que quiere en materia laboral porque la UOM y el Ministerio de Trabajo se lo permiten. ¿Por qué el Estado permite que se incumplan las leyes? No lo sabemos.
Pero lo que sí sabemos es que un funcionario público está obligado a cumplir con los deberes que surgen de la competencia que informa su función. En este caso el Subsecretario de la Provincia de Tierra del Fuego tiene la obligación de actuar a partir de nuestra denuncia de la existencia ACTUAL de un sinnúmero de trabajadores contratados injustificadamente mediante contratos a plazo fijo (determinado o determinable) de modo sucesivo, privándolos de la estabilidad que pregona la ley de contrato de trabajo vigente. El Poder Judicial ya se ha manifestado al respecto y ha declarado el carácter fraudulento de este tipo de contrataciones.
De modo que solicitamos la intervención y que se actúe de acuerdo a las obligaciones que tienen los funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo, bajo apercibimiento de DENUNCIAR PENALMENTE A TODOS LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES por el delito previsto en el artículo 248 y siguientes del Código Penal Argentino.
Los funcionarios no pueden hacer lo que quieren. No pueden tampoco elegir que leyes cumplir y que leyes no.


Fuente: gremialesdelsur.com.ar

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