Tierra del Fuego viene padeciendo también el ajuste económico que los gobiernos tanto nacional como provincial ejercen de manera impiadosa sobre las Personas con Discapacidad en las obras sociales, pero también para la suspensión de pensiones. Los argumentos que utilizan los funcionarios de turno son los mismos: se evalúa si la persona tiene derecho a seguir percibiendo esta pensión según un criterio meramente asistencialista y exigiendo la condición de indigencia para sostener el beneficio; se reevalúa la incapacidad laboral de cada uno de los pensionados ajustándose a nuevos parámetros que son siempre más estrictos y que dan como resultado su “aptitud para el trabajo” pero no se los incluye laboralmente en ningún puesto a pesar de la consabida infracción a las leyes nacionales y provinciales que establecen el cupo del 4% en los organismos estatales.

La aplicación del Decreto N° 432 del año 1997 que aplica para discontinuar pensiones el Ministerio de Desarrollo de Nación es tan inconstitucional como la Resolución N° 65 de Jefatura de Gabinete de nuestra provincia. Ambos son regresivos en cuanto a derechos adquiridos y violatorios de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que en nuestro país tiene rango constitucional, que reconoce a las Personas con Discapacidad como portadoras de derechos, en este caso el derecho a la auto sustentabilidad y autonomía, y no como destinatarios de asistencialismo o caridad.

Hoy más que nunca volvemos a decir:

La pensión es un derecho!!

Ni un Derecho Menos para las Personas con Discapacidad!!

Secretaría de Discapacidad. CTA Autónoma de Tierra del Fuego

Fuente: gremialesdelsur.com.ar