El borrador ya está listo. Cuenta con el aporte de los técnicos del Ministerio de Trabajo e incluye las observaciones de los miembros de la "mesa chica"  presidencial. Es decir, de quienes suelen dialogar con los empresarios y sindicalistas.

Así, está tomando forma definitiva el proyecto político al que Mauricio Macri apuesta para reactivar el empleo: la reforma laboral. Por cierto, figura en la lista de prioridades de la agenda parlamentaria post-elecciones.

Los cambios que contempla son variados, y van desde la supresión de multas para empresas que blanqueen personal y la reducción de aportes patronales, hasta el fuerte impulso tanto del régimen de pasantías como de la tercerización de servicios.

Por lo pronto, no se tratará de una reforma "a la brasileña", ya que no afectaría derechos de los trabajadores.

Más bien, apuntará –a través de distintas iniciativas- a disminuir los costos laborales desde el momento del ingreso del dependiente hasta su desvinculación.

En primer lugar, el equipo del presidente Macri reactivará el proyecto "Primer Empleo", que permanece freezado en la comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados.

Al mismo tiempo, buscará cambiar la ley de pasantías vigente, ampliando los plazos y la cantidad de horas, de las cuatro actuales a seis.

De este modo, se propone que los estudiantes puedan insertarse más fácilmente en el mercado de trabajo.

En otro orden, el oficialismo inspeccionará los convenios colectivos de cada actividad, con la finalidad de "adaptarlos a la realidad actual del empleo".

En este caso, el foco está puesto en resolver dificultades como el ausentismo, hacer una revisión de categorías y darle protagonismo a la polifuncionalidad.

La cartera, a cargo de Jorge Triaca, aboga por la incorporación en las negociaciones colectivas de cláusulas vinculadas con la productividad, por un lado, y con la competitividad, por otro. Entre ellas, se hará hincapié en los premios por presentismo.

En este sentido, uno de cada tres de los 1.612 acuerdos que se firmaron el año pasado en el Ministerio de Trabajo incorporó este tipo de ítems.

"Alentamos a que haya una discusión sobre los procesos productivos. Tiene que ser un producto del consenso de los argentinos", remarcó Triaca.

Un punto que quieren destacar desde Casa Rosada es que no se van a plantear cambios a la ley de jornada laboral.

Tampoco se buscará que prevalezcan los acuerdos individuales entre empleador y trabajador por sobre la normativa vigente, tal como se acordó en Brasil.

Según importantes fuentes consultadas por iProfesional, la razón por las que ambas cuestiones quedaron marginadas es clara: ninguno de los sindicatos avalaría un avance legislativo en este sentido.

Además, por mejor elección que haga, Cambiemos no contará con un poder tal en el Congreso como para salir airoso de una discusión de este tipo.

La reducción de los costos laborales asociados a un empleado, mientras dure el vínculo de trabajo, vendrá más bien por otro lado.

Concretamente, por la reducción de aportes específicos o solidarios a sindicatos y cámaras empresarias que suelen determinarse en los acuerdos colectivos.

El proyecto contempla, además, una rebaja de las alícuotas que las empresas pagan a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

En este sentido, la Superintendencia de Seguros (SSN) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) trabajan en la elaboración de propuestas comunes para el nuevo régimen.

En Casa Rosada están convencidos de que la reticencia de las empresas a sumar personal se explica, en gran medida, por la incertidumbre que les genera el hecho de no saber cuánto les puede llegar a costar un despido.

En la práctica ocurre que los montos que deben pagar en concepto de multas dependen del juzgado en el que tramita una demanda.

Esto, más allá de las sanciones establecidas en las leyes 24.013 y 25.323, que castigan el empleo mal registrado o a las firmas que no abonaron en tiempo y forma la totalidad de una cesantía.

Los empresarios alegan que ambas normativas se han convertido en fuertes castigos que, en su naturaleza, difieren de la indemnización por despido.

Por otro lado, tener personal mal registrado (o sin registrar) eleva el monto de las sanciones a un nivel tal que puede llevar a cualquier firma -mediana o pequeña- al borde del precipicio financiero.

Diversas cámaras empresariales proponen desarrollar un nuevo régimen que se adecue a la realidad que enfrentan las Pyme. Que se reduzcan este tipo de penas en tanto y en cuanto tengan correctamente registrados a sus dependientes.

La reforma que plantea el Gobierno irá de la mano de cambios en materia tributaria.

Entre las modificaciones planteadas, se destaca la posibilidad que tendrán las compañías de blanquear trabajadores, ya sea no registrados o con registración deficiente.

Precisamente, esta entrada de dinero es la que le permitirá al fisco compensar la merma de ingresos a organismos fiscales y de la Seguridad Social, luego del beneficio otorgado a las compañías (menos aportes y contribuciones).

Lento avance y por consenso

"Desde hace unos meses, se inició el diálogo con los sectores sindicales y con las fuerzas opositoras en el Congreso", aseguró el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

El funcionario anticipó que Macri apunta a "tener un mercado moderno y para todos". No obstante, una reforma laboral "a la brasileña" sería difícil de llevar a cabo.  

En este sentido, el principal socio comercial acordó un régimen que le quita poder a los sindicatos, al permitir que los acuerdos individuales prevalezcan sobre los convenios colectivos.

En la ley vigente argentina, los convenios pactados entre los distintos gremios y las cámaras empresariales suelen contemplar beneficios aún mayores que la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

De acuerdo con la normativa vigente, esas mejoras son irrenunciables por parte del dependiente.

Los expertos laboralistas señalan que habría que hacer una reforma en los aspectos centrales del actual sistema, pero que esto no contaría con el visto bueno de las centrales sindicales.

Por lo pronto, llevar a cabo un cambio legislativo similar al de Brasil le quitaría a los gremios una de las potestades más importantes del convenio laboral, que es la de fijar un nuevo piso de derechos para los empleados de una determinada actividad.

Además, verían reducido los aportes que hoy día reciben por la vía de distintas contribuciones. Además, la "caja" quedaría afectada por la menor cantidad de afiliados.

En cuanto a la inclusión de jóvenes en el mercado, el secretario de Empleo y ex CEO del grupo Techint, Miguel Ángel Ponte, consideró que la única forma de integrar la educación con el mundo del trabajo es a partir de fomentar las prácticas formativas.

"Si no pueden tener una fluida presencia de aprendizaje en las empresas, tampoco vamos a tener la posibilidad de que haya empleabilidad sobre ellos, aunque haya trabajo", expresó.

En cuanto a la reducción de distintos aportes a los sindicatos y al sistema de la Seguridad Social, desde la CGT salieron –tal como era de prever- a mostrar su disconformismo.

Uno de sus titulares, Héctor Daer, quien también es Diputado Nacional, indicó: "No son impuestos al trabajo sino salarios diferidos que hacen a la salud de los asalariados, la salud de los jubilados y el sistema previsional y a sostener el sistema que genera equidad en las sociedades".

En este contexto, el titular de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma, Pablo Micheli, advirtió que para concretar la flexibilización laboral el Gobierno necesita "tener alguna complicidad sindical".

En otro orden, volvió a reclamar un paro nacional a la CGT "en defensa propia" de los trabajadores.

Fuente: iprofesional.com