El Tribunal de Cuentas de la Provincia resolvió el inicio de una investigación especial, respecto a las presuntas irregularidades acaecidas en las contrataciones efectuadas por Margarita Gallardo, cuando ocupaba la presidencia de la Obra Social, para la realización de la reunión de la COSSPRA, el pasado 23 y 24 de mayo.

La intervención del TCP surge de una presentación conjunta realizada por Gustavo Caicheo y Aníbal Torres, Vocales Electos de la Obra Social y los Vocales Electos de la Caja de Previsión Social, Mónica Díaz y Elisa Dietrich; quienes denunciaron “irregularidades efectuadas por la presidente de la Obra Social, Margarita Gallardo, en la contratación a los fines de efectuar el evento en la provincia de la COSSPRA”.

Los Vocales denunciantes expusieron que se habrían incumplido el Decreto 1575/17 (Jurisdiccional de Compras y Contrataciones) y la ley 1015, atento haberse adjudicado distintas contrataciones a diversas firmas, aunque todas relacionadas con el mismo evento: “Reunión de Junta Ampliada del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina”.

Decisión del Tribunal

En la Resolución Plenaria N° 144/2018, se fundamenta que, “de la lectura de la denuncia efectuada se desprende claramente que podrían existir irregularidades en el ámbito de la Obra social de la Provincia, que implicarían incumplimientos de las normas vigentes, y que podría derivar en perjuicio para el erario público”.

“Surge de los actos administrativos prima facie se habrían efectuado contrataciones directas que, en su conjunto, excederían el monto establecido en el Decreto Jurisdiccional de Compras y Contrataciones de ese organismo (Decreto 1575/17), circunstancia que a su vez, violentaría lo establecido en el artículo 33 de la ley 1015”.

Desde el TCP entienden que, “de corroborarse las irregularidades descriptas, ello podría derivar en un daño al patrimonio del Estado, en este caso el patrimonio de la Obra Social del Estado, organismo descentralizado de carácter autárquico”, resultando competente el organismo de contralor para entender al respecto.

Para llevar adelante la investigación fueron designados dos profesionales abogados como responsables (los Doctores Pablo Gennaro y Susana Grassi), con la asistencia de un auditor fiscal (Daniel Maldones),  quienes contarán “con un plazo de 10 días hábiles para presentar un pre informe que refleje en forma clara y concreta los hechos, la normativa presuntamente incumplida y la documental necesaria para desarrollar el análisis que se les ha encomendado”.

Fuente: eldiariodelfindelmundo.com