“Quienes se acojan al beneficio van a renunciar de manera irrevocable a la planta permanente, van a quedar desvinculados y no podrán ser reasignados en ningún cargo de planta permanente, personal de gabinete o transitoria y quienes tuvieran participación en la Fiscalía de Estado o Tribunal de Cuentas de la provincia hasta después de los cinco años de haber recibido el beneficio”, recordaron y agregaron, “en realidad serían siete años, dado que los cinco años comienzan a contar a partir del último cobro del beneficio y esta disposición es de carácter nacional”.

También destacaron que, “habla de una bonificación por única vez; habla de una suma no remunerativa equivalente al 60% de la remuneración del agente, quedando excluidas horas extras, viáticos, asignaciones familiares, etc. y se les va a abonar por el plazo de 36 meses”, y consideraron que,  “hay un punto poco claro que es en relación a la jubilación y la obra social, dado que se establece que los agentes pueden optar si siguen aportando a la obra social y a la caja de jubilación, ya que la Ley nacional dice que van a seguir siendo aportantes y beneficiarios, y acá la provincia dice que será optativo”.

“A nosotros nos genera muchas dudas de cómo sale finalmente la reglamentación y su implementación, y nos preocupa que se va a poner en vigencia el 1 de agosto y aún no se establecieron los mecanismos que va a tomar la Caja y esto nos parece grave; hay un montón de situaciones y desprolijidades que uno observa que más allá de que hay muchos compañeros que están esperando esto pero realmente no creo que así como está la norma sea beneficiosa para los agentes de la administración como tampoco para el Estado”.

Las Vocales destacaron que, “no se está pidiendo ningún tipo de antigüedad y pueden recibir el beneficio todos aquellos que hayan ingresado a la administración pública antes del 31 de diciembre del 2015, es decir que cualquiera de ellos podrán cobrar estos 36 estipendios que no son haberes, por lo cual es absolutamente discrecional a quien le van a aceptar y a quien no le van a aceptar el retiro voluntario dado que no hay ningún argumento para hacerlo, de esta manera se está facultando al funcionario o al Ministro del área la discrecionalidad para otorgar o no el beneficio”.

Otro punto que consideraron “grave” en la normativa es el hecho de que, “no se establece nada con respecto a la vacante que se va a generar con la adhesión de un agente al retiro voluntario ya que no se dispone que se dé de baja la vacante, por lo cual consideraron que esto sería una nueva Ley 460 que tenía los mismos argumentos y después de haber otorgado retiros voluntarios se volvieron a ocupar las vacantes, solo dice que la vacante no podrá ser ocupada durante el período que dura el beneficio”.

“Los que le quedan menos de tres años para jubilarse, ya sea por el ANSES o la Caja Previsional, podrían acceder a este beneficio, pero no está adecuadamente normado esto ya que se les extingue la relación laboral y de esa manera no puede acceder a la jubilación por lo que tiene una trampa la normativa muy perversa”, y adelantaron que, “vamos a transmitir al Presidente de la Caja de Jubilaciones las dudas correspondientes que genera la aplicación de la normativa referida al Retiro Voluntario, en el caso particular de los agentes con menos de tres años para jubilarse, y que estén resguardados sus derechos provisionales”.

Elisa Dietrich y Mónica Díaz consideraron que, “esta norma tiene la misma intencionalidad que la Ley 460; es decir, sacar a todos los que no quieren que estén y meterle a todos los que quieren que entren porque si no se informa a la legislatura sobre las renuncias y la cancelación de las vacantes, de lo contrario se va a seguir ocupando las vacantes, por lo tanto falta vincular, en la norma, el organismo empleador con la Caja de Previsión Social para que sea la Caja la que informe sobre la historia laboral del agente y la posibilidad de que se jubile dentro de los 36 meses y no pierda el derecho previsional, de lo contrario el agente pierde su jubilación por la que aportó. De esta manera la Ley de Retiro Voluntario termina siendo una herramienta más de persecución, de destrato, y de adoctrinamiento para la clase trabajadora”.

“El sector pasivo y activo tiene que seguir día a día las nuevas normas porque todos los días están sacando leyes y decretos que van en desmedro de los trabajadores de la administración pública, ya que desde que asumió esta gestión se han encarnizado con los empleados públicos”, remarcaron las Vocales Electas.

Fuente: p23.com.ar