La negociación, impulsada por el Ejecutivo en línea con las sugerencias en esa materia del Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvieron en el ámbito privado como sponsor principal a Daniel Awada, dirigente de la Cámara de la Indumentaria y cuñado de Mauricio Macri. En tanto que los gremios rechazan por ahora cualquier flexibilización, y el grueso de los empresarios exige reorientar la agenda hacia otros ítems más urgentes.

El encuentro se desarrollará desde las 14 en la sede de la cartera de Producción y contará con la presencia del Secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, responsable de las reuniones previas de la “mesa sectorial”, y de intentar un consenso en torno de un Acuerdo Compromiso por la Producción y el Empleo de la Industria Textil e Indumentaria. El documento apunta en lo esencial a abaratar indemnizaciones y aguinaldos, a flexibilizar las jornadas laborales y las vacaciones, y a regularizar el trabajo a domicilio, y responde más a una agenda del Gobierno que a un reclamo en esa línea de los empresarios, como reconocieron varios de ellos.

De hecho, los dueños de fábricas y talleres acudieron en su mayoría a la negociación en la búsqueda de créditos blandos y subsidios para pagar salarios; una baja en la tasa de interés, en los impuestos y en las tarifas, y la eventual recreación del mercado interno al que la industria local dedica 98% de su producción, hoy amenazada por la apertura de las importaciones. En las conversaciones, que se aceleraron este mes, participaron la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Fundación Protejer, junto con la Asociación Obrera Textil (AOT), el Sindicato de Empleados Textiles (SETIA), el gremio del vestido (SOIVA) y la Unión de Cortadores de la Indumentaria (UCI).

De la delegación empresarial se destacó Awada, que no ocupa cargos formales en ninguna de las cámaras, pero integra la CIAI como principal interesado. El hermano de Juliana Awada es dueño de la marca que lleva el apellido familiar y de la línea de ropa para bebés Cheeky, y acumuló en los últimos años cuatro denuncias penales de la fundación La Alameda por presunto trabajo esclavo, y más recientemente enfrentó una causa judicial por importación de prendas de vestir mediante firmas apócrifas. El rol protagónico del Ejecutivo a favor de la reforma laboral textil en las reuniones de los últimos días fue confirmado por tres participantes, mientras algunos funcionarios intentaron eludir cualquier alusión.

El borrador de la reforma propuesta por el Gobierno apunta de arranque a derogar el régimen de trabajo a domicilio normado por la Ley 12.713 y reemplazarlo por las pautas generales de la Ley de Contrato de Trabajo y de cada Convenio Colectivo del rubro. En la actividad de la fabricación de indumentaria se calcula que dos tercios de los trabajadores se desempeñan en la informalidad y buena parte de ellos, en condiciones de cuasi esclavitud.

El texto que distribuyó Aparicio el jueves pasado plantea reemplazar las indemnizaciones formales por la creación de un “fondo de cese laboral”; permite a los empresarios incidir sobre las vacaciones del personal en función de las necesidades y estacionalidad del proceso productivo; faculta al fraccionamiento del aguinaldo en hasta tres cuotas, y habilita la creación de un banco de horas con jornadas laborales de hasta doce horas.

También promueve cambios en las categorías laborales y en las estructuras salariales, y promueve una comisión para el seguimiento de la informalidad. En espejo de la reforma laboral que envió el Gobierno al Congreso, impulsa una condonación de deudas de aportes y contribuciones para los empleadores dispuestos a registrar a su personal.

“Teniendo en cuenta el escenario de desregulación del mercado textil al que apunta el Gobierno, una flexibilización laboral puede aportar. Pero más importante que eso es para nosotros contar con un mercado interno con capacidad de compra, opciones reales de crédito, una baja rápida de las tasas de interés y de los impuestos regresivos, así como la administración del comercio exterior. Hoy corremos el riesgo concreto de que los productos extranjeros se queden con todo nuestro mercado”, dijo Jorge Sorabilla, ex Presidente y actual Vice de Protejer.

En la cartera que encabeza Sica admitieron que la negociación en el rubro textil será una suerte de prueba piloto para el resto de las mesas sectoriales mediante las cuales se intentará viabilizar en los hechos, y de manera secuencial, la reforma laboral que impulsa Cambiemos desde el arranque. Uno de los funcionarios aclaró, sin embargo, que el Ejecutivo sólo avanzará tras contemplar “las sensibilidades de todos los actores” del rubro, tanto empresarios como sindicalistas.

De todos modos, en el sector empresarial y en el sindical llamó la atención la premura que Aparicio y Sica les imprimieron a las negociaciones y dijeron suponer que el Gobierno espera obtener su primer avance formal de reforma laboral sectorial (luego de experiencias tempraneras como la de Vaca Muerta con los petroleros) para exhibirla ante el FMI, que focalizó sobre ese punto en sus recomendaciones del 19 de diciembre pasado.

“Nuestro convenio colectivo lo discutimos con la FITA, que es la signataria. Si el Gobierno quiere avanzar por su cuenta, que saque un decreto, pero nosotros no lo vamos a firmar sin antes discutirlo con los empresarios, primero, y luego con nuestros delegados”, advirtió Hugo Benítez, Secretario General de AOT. El gremialista protestó por la celeridad impuesta a la negociación y sostuvo que, “ninguno de los puntos fue acordado con los sindicatos”.

Fuente: ambito.com