Una vez más, queda demostrado que tenemos razón cuando denunciamos que el Gobierno de Bertone, Arcando y Gorbacz vulneran los derechos de Personas Con Discapacidad.

Los hechos:

Gustavo es una Persona con Discapacidad, beneficiario del RUPE, quien en el mes de julio de 2017 debía renovar su Certificado Médico Obligatorio. A tono con la política que se aplicó desde la sanción de la Ley 1072/16, y tal como se viene repitiendo desde entonces en innumerables oportunidades, su incapacidad laboral, de una manera milagrosa, dejó de estar dentro del rango requerido del 66% y bajó al 43,73% dejándolo fuera del RUPE y como consecuencia retirándole la pensión y la cobertura asistencial de la OSEF.

Gustavo es una persona de 50 años de edad. Trabajó mientras pudo como obrero de la construcción (en esa actividad tuvo el accidente que generó su discapacidad) y padece trastornos asociados a su discapacidad que requieren control y asistencia médica y farmacológica permanente. Nada de esto fue tenido en cuenta a la hora de quitarle sus derechos en nombre del “ordenamiento” que Leonardo Gorbacz, Ministro Jefe de Gabinete, se jacta de haber impuesto a su gestión.

Ante el dictamen de la Junta Médica de la Dirección de Medicina del Trabajo en Río Grande (en el que los médicos integrantes no fundamentaron de manera alguna la “curación” del paciente), Gustavo solicitó asesoramiento a esta Comisión. Así fue que se presentó ante esa Dirección un Recurso de Reconsideración, solicitando que se incorporara un médico de parte, que nunca fue respondido.

En el mes de marzo de 2018, Gustavo fue citado nuevamente para una Junta Médica y allí le indicaron estudios complementarios. Dada la complejidad de su patología y la carencia de profesionales especialistas en la provincia, la realización de esos estudios culminó en julio de ese año, y el día 12 de ese mes Gustavo los presentó en la Dirección de Medicina del Trabajo, junto a una nota solicitando a la brevedad una junta médica.

Nuevamente su solicitud no fue respondida y en el mes de agosto de 2018 suspendieron su pensión. Llamativamente, en septiembre de 2018 fue notificado de que ya estaba resuelto su CMO y que el porcentaje de incapacidad superaba el 66%.

Gustavo reclamó ante la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad que se le restituyera de inmediato su derecho, ya que la responsabilidad de la demora en la actualización de su legajo escapaba a su voluntad y más bien correspondía a los agentes de la administración pública que intervinieron. Despectivamente le respondieron que debía iniciar el trámite para el RUPE como si nunca hubiese sido beneficiario y esperar el dictamen de Gorbacz.

Tras una paciente espera de los plazos administrativos, Gustavo llevó todo lo actuado ante la Defensoría Pública Oficial del Poder Judicial en Río Grande con el acompañamiento de esta Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma.

Seis meses después del reclamo administrativo, el Ministerio que conduce Leonardo Gorbacz, se ve obligado a restituirle la pensión, que es su único sustento, a partir del mes de febrero de 2019, luego de dos años de someter a Gustavo a un peregrinar infame por los pasillos de la burocracia y la insensibilidad.

Ante la quita de derechos, la rapiña de lo que les corresponde a los más vulnerables, el fascismo solapado tras la máscara de “ordenamiento”, nosotros respondemos con solidaridad, empatía, conocimiento, acompañamiento y organización. Lleva tiempo pero resulta.

Comisión de Discapacidad. CTA Autónoma de Tierra del Fuego

Fuente: gremialesdelsur.com.ar