Este viernes 28 de junio, el Juez Javier de Gamas Soler de la ciudad de Uhuaia, resolvió la situación de las personas involucradas en la causa donde
se investiga la estafa y defraudación que se cometió con las viviendas que el IPV había construido en las Barrancas del Río Pipo.
En la causa caratulada “Arana, Miguel Ángel y Belbey, Alberto s/defraudación”, se llamó a indagatoria a 11 imputados, donde a la fecha figuran 17 damnificados.
Fueron procesados y embargados por 3 millones de pesos cada uno, Carlos Córdoba, Miguel Arana, Lilian Galli, Gisela Escobar y Erik Moscoso Panozo.
De acuerdo a la resolución judicial, se estableció el procesamiento de Miguel Ángel Arana, alias “Miguelón” (56 años), empleado de la Municipalidad de Ushuaia y ex titular de la Comisión de Viviendas de ATE, por ser autor del delito de “estafa” que cometió en 22 casos, y por ser coautor del delito de defraudación a la administración pública, en 7 hechos con falsificación de documentación.
Asimismo, fue encontrado responsable por el delito de “lavado de activos de origen delictivo” y por todas estas acusaciones fue embargado por la suma de 3 millones de pesos.
El Juez de la causa dictó el procesamiento del Secretario General de la conducción provincial de ATE Tierra del Fuego, Carlos Córdoba (60), por el delito de “estafa” al cometer 22 hechos delictivos, además de considerarlo coautor del delito de “defraudación por administración fraudulenta”. A Córdoba le trabaron un embargo por 3 millones de pesos.
Otras de las personas involucradas, Daniel Alberto Belbey, fue sobreseído, pero esa medida se adoptó ya que el delito extinguió por su muerte. Belbey se suicidó ahorcándose debajo de una de las tribunas del estadio municipal de fútbol de Ushuaia, luego de que tomara estado público la causa.
Asimismo, se procedió al procesamiento de Lilian Carolina Galli (39 años), empleada de Gobierno, Secretaria de Desarrollo Social de ATE, por ser responsable del delito de “estafa” en 22 hechos, y “defraudación por administración fraudulenta” y trabarle un embargo por 3 millones de pesos.

Otra de las personas procesadas es Gisela Edith Escobar (37 años), ex empleada de ATE, al ser coautora del delito de “lavado de activos de origen delictivo”, y un embargo sobre sus bienes por 3 millones de pesos.

El magistrado firmó además el procesamiento de Erik Enrique Moscoso Panozo (46 años), al ser coautor del delito de “lavado de activos de origen delictivo” y un embargo de 3 millones de pesos.

En otro párrafo de esta resolución judicial se dispuso la “falta de mérito”, es decir, que el juez no tenía pruebas para disponer el procesamiento o el sobreseimiento, para Francisco Freire Acosta, Hugo Fabián Aguirre y Martin Ezequiel Arana. Y fueron sobreseídos Omar Alberto Calquin y Leandro Antonio Santillán Mulvhili.

El Juez De Gamas Soler resolvió mantener el secuestro de máquinas viales y rodados que pertenecerían a Miguel Ángel Arana.

Fuente: jcanoticias.com.ar