Se trata de una concesión a los empresarios que evalúa la administración de Alberto Fernández así como la posible exención de aportes y contribuciones de la suba para abaratar el costo de su implementación. El incremento se prevé todavía como una suma fija pero remunerativa de entre 6 mil y 9 mil pesos.

La medida, que el Ejecutivo discutió la semana pasada con referentes de cámaras patronales y que el Estado replicará de manera similar para los trabajadores de la administración pública, tendrá impacto con los salarios de enero que se cobran en febrero y su espíritu, aclaran en el Gabinete, será recomponer el poder adquisitivo de los empleados más castigados por la inflación. Pero, al mismo tiempo, los funcionarios encargados de su diseño admitieron la necesidad de aplicar el incremento sin desestructurar el mapa vigente de sueldos en el sector privado.

Entre las novedades en la implementación del decreto figura la premisa de que no se superpondrá con los aumentos pendientes de gremios que hubiesen pautado con sus contrapartes empresarias ajustes en los primeros meses de 2020. Así quedarían exceptuados -o verían mermado el impacto de la suba resuelta por el Gobierno- trabajadores con pagos no ingresados de sus paritarias. En el equipo de Fernández aclaran, de todos modos, que el texto final de la norma podrá contemplar los casos de gremios rezagados que se vieron obligados a pautar sus aumentos en cuotas.

Desde la óptica empresaria la novedad apunta a aliviar a los sectores que ajustaron los salarios de su personal en línea con la inflación y que el año que viene deberán dar más aumentos pactados en paritarias, para evitarles un doble desembolso. El planteo había sido expuesto en una reunión que mantuvieron referentes de la Unión Industrial, las cámaras de Comercio y Construcción y las pyme el lunes pasado con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los Ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

También en respuesta a aquellas sugerencias los funcionarios evaluarán eximir el pago de aportes y contribuciones. Aunque confirmaron que el aumento será remunerativo (es decir que hará aportes a las obras sociales y computará para aguinaldo, vacaciones e indemnización, entre otros rubros), podrá quedar a salvo de esos extra a partir de la facultad que el Ejecutivo se adjudicó en la ley de Emergencia sancionada la semana pasada.

En tanto, en el Gobierno volvieron a la idea original de que el aumento fuese en un pago y no en tres veces, como se les había informado días atrás a sindicalistas y empresarios. Tanto la CGT como las cámaras patronales daban por hecho que el decreto definiría un incremento de suma fija de entre 6 y 9 mil pesos pero que terminaría dividida en tres con los sueldos de enero, febrero y marzo. Los últimos borradores oficiales prevén que la totalidad de la suma pase a integrar el salario desde enero.

Con las novedades planteadas, la medida podrá quedar atada a la paritaria 2019 -cuyos pagos reducirían o incluso anularían el efecto de bolsillo de la norma- y también a la de 2020 al fijarle un piso de aumentos para la discusión. Los cambios, dijeron los funcionarios, fueron motivados por las recomendaciones patronales y también por la constatación de que el mapa salarial en la Argentina es caótico, con gremios que arrancan sus paritarias en enero y otros en septiembre, sectores que pautan aumentos en cuotas y otros en un único pago, y por la vigencia, a pesar de estar prohibido por decreto, de aumentos no remunerativos.

Fuente: ambito.com