A los 21 días del mes de mayo de 2020, desde la Confederación General del Trabajo Regional Ushuaia emitimos nuestra conclusión en el Marco del proyecto de ley del Ejecutivo provincial como herramienta para contrarrestar los efectos económicos del aislamiento social preventivo y obligatorio, a pesar del poco tiempo para el análisis, que se ha tenido.

Desde este sector apoyamos en el marco general toda Ley o Proyecto de ley que, ante esta crisis mundial, tenga como objetivo garantizar y promover el empleo, preservar la estabilidad laboral, contener al sector productivo, como todo lo relacionado a destinar fondos concretos al sector salud.

Entendemos que la situación actual merece medidas contundentes, claras y expresamente enunciadas para los sectores más vulnerables durante esta crisis y en especial hacia aquellos trabajadores que no han sido tenidos en cuenta en las ayudas nacionales, no obstante, debemos expresar que es muy difícil analizar en profundidad el verdadero impacto de esta Ley. El tiempo de análisis ha sido muy limitado, y si bien se precisa premura, también, una ley de emergencia necesita de un estudio pormenorizado de todos los alcances e implicancias que puedan derivar de la interpretación de la norma y su reglamentación.

En dos días hemos mantenido reuniones tanto con legisladores de la oposición como del oficialismo, todos con posturas atendibles, pero sin el tiempo suficiente para evaluar todo el contexto del proyecto.

Hacer partícipes a otros es dar la oportunidad de que la otra parte tenga el tiempo suficiente para el análisis la elaboración de los conceptos, el debate y la conclusión.  Si esto no se cumple, sentimos que no somos partícipes de nada, simplemente espectadores. Y de eso, ya tenemos experiencia. Expresamos que nuestra organización coincide, en que el estado debe auxiliar a los sectores que más lo necesitan y que las herramientas con las que debe contar el ejecutivo, deben necesariamente tener mecanismos que garanticen llegar con ese auxilio a los sectores más vulnerables.

En el corto plazo que se ha tenido para evaluar el Proyecto, entendemos que no queda garantizada esta posibilidad, esto es el acompañamiento del estado no con Préstamos a determinada tasa, a sectores que no pueden afrontar cuotas ni a mediano ni a largo plazo, sino a través de Programas de Desarrollo Social en la modalidad de Subsidios NO Reintegrables u otras modalidades que lleguen efectivamente a los sectores más desprotegidos.

Vemos con suma preocupación que no se incorpore un orden de prioridad para las asignaciones de los Fondos en las ayudas económicas, poniendo en igualdad de condiciones a las grandes empresas, las pequeñas y medianas, cuando sabemos que las situaciones son totalmente diferentes, entre unas y otras. Asimismo, el trabajador autónomo, cuentapropista o precarizado tampoco tiene su lugar prioritario en el mencionado texto.

No compartimos que el órgano consultivo no tenga autoridad sobre las decisiones que se tomen en el marco de la emergencia, y no sea una instancia obligatoria con poder de control y decisión, además que el representante gremial debería ser aquel que legalmente represente a diferentes espacios, tanto públicos como privados.

En cuanto a la emergencia administrativa que se plantea, entendemos que no es tal, ya que de acuerdo a lo conversado con los representantes del bloque oficialista y del propio poder ejecutivo, la motivación que expresan no justifica una declaración de emergencia, sí planteamos que se trabaje en una actualización de los procedimientos administrativos vigentes para adecuarlos a un nuevo formato de trabajo, por fuera de este Proyecto.

Durante 12 meses se estará en emergencia administrativa, y aunque no haya mención o sea el objetivo, todo lo relativo a la administración podría ser pasible de: modificaciones de estructuras, de condiciones laborales, readecuaciones, modificación de contratos personales, retracciones de salario, etc., lo que a nuestro entender supone un estado de inestabilidad laboral permanente e innecesaria.

Finalmente, un Proyecto de ley no debe ser presentado para su análisis dos días antes de una Sesión Legislativa. Esta es una conclusión válida para el año 2020, y para futuros Proyectos, como lo fue también para los años 2019, 2016 o 2015.

Comisión Directiva CGT Regional Ushuaia

Fuente: gremialesdelsur.com.ar