“Encauzar, en el marco de un proceso voluntario, las controversias y los planteos que se susciten entre los sujetos, que se desempeñen de manera individual o colectiva, para generar un ingreso personal y familiar, ya sean trabajadores autónomos, prestadores de tareas eventuales, ocasionales o changas, vendedores ambulantes, ocupantes de puestos callejeros y todos aquellos que participen, bajo tipologías análogas, del proceso de producción de bienes y servicios, generando relaciones asimétricas, para la subsistencia básica y la persona o sector individualizado como sujeto pasivo”, será una de las facultades de la Comisión.

La medida forma parte de una de las señales dirigidas desde el Gobierno nacional a los movimientos sociales y da respuesta a algunos de los reclamos impulsados por las organizaciones de la economía popular al Presidente Alberto Fernández.

La decisión guarda relación con el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, puesto en marcha hace semanas por el Gobierno, como una herramienta para reconocer, formalizar y garantizar los derechos de todos los trabajadores de la economía popular.

Según fija la resolución ministerial, la Comisión también deberá analizar los temas que conciernen a esas categorías a los fines de llevar a cabo iniciativas para evitar conflictos. Proponer acciones destinadas a prevenir situaciones de abuso o vulnerabilidad en dicho ámbito y contribuir a la mejora de las relaciones de intercambio.

La medida prevé que la Comisión elabore informes y propuestas que tiendan a la transición de la informalidad a la “formalidad y a la transparencia”. Y cree Subcomisiones o ámbitos específicos para que dichos sujetos puedan realizar las peticiones referidas a situaciones particulares de su sector y recibir una respuesta en función de su pertinencia.

En esta línea, explican que la misma estará formada por tres integrantes, que serán designados por el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Así, ante la presentación de algún conflicto, la Comisión “correrá traslado de la presentación a la persona o sector individualizado como sujeto pasivo. Para que fije su posición en el plazo de diez días”.

Fuente: ambito.com