El paquete de reformas previsionales que Bertone lanzó en 2016 apuntó fundamentalmente a cumplir estos dos objetivos:

1) Ajustar ferozmente a los jubilados, quienes son variable de ajuste, siempre disponible para cualquier gobernante; y

2) Recuperar la capacidad financiera de la destruida Caja de Previsión.

El primero, Bertone lo logró con la crueldad que siempre la caracterizó. ¿Y cómo lo hizo…?

a) Reduciendo, de manera encubierta, el 82% móvil, que garantizan nuestras normas y que los Legisladores no pueden desconocer;

b) Unificando los conceptos que determinan el haber en uno solo, para impedir cualquier análisis;

c) Otorgando aumentos no remunerativos a los activos, es decir sumas que no generan aportes al sistema previsional, ni a la obra social;

d) Descontando de manera compulsiva una suma que denominó “aporte solidario”;

e) Aplicando la actualización del haber solo dos veces al año, utilizando un perverso mecanismo (el del coeficiente);

f) Eliminando la retroactividad; y

g) Aumentando la edad jubilatoria.

El segundo objetivo, como era muy obvio, no se cumplió. Fue la zanahoria que utilizó para “convencer” a los convencidos.

Todos los mañosos “ahorros”, que constituyeron un verdadero saqueo a los jubilados, obtenidos en función del ajuste,  que nos perjudicaron notoriamente, no fueron a parar a la Caja de Previsión sino que fueron desviados a otros propósitos.

Bertone durante ese periodo acumuló una cuantiosa deuda, al no transferir a la Caja los aportes previsionales. Apenas transfería los gastos operativos que permitían pagar mensualmente la nómina.

Técnicamente esto es un delito (malversación de fondos públicos, retención indebida de aportes, conducta delictiva de emisión, etc.).

Nadie denunció la situación y la justicia miró para otro lado, pudiendo actuar de oficio. Tampoco actuaron correctamente los funcionarios de la Caja de Previsión, la Fiscalía de Estado, o el Tribunal de Cuentas, en absoluta complicidad con las medidas de Bertone.

También lo hicieron con la Obra Social, los resultados están a la vista y los padecemos a diario.

Básicamente, de esta forma es como se construye la famosa “caja política” del gobierno de turno.

Con el paradigmático caso de la estafa a los jubilados de la DPE, queda perfectamente demostrado que el “coeficiente” se puede manipular y adulterar, de acuerdo al antojo de los funcionarios y sin ningún tipo de consecuencia.

Luz y Fuerza (FATLyF), única signataria del convenio, tras la pérdida del 62% de la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores desde 2015, en el primer semestre de 2019 logró acodar  un aumento “compensatorio” del 44%.

A partir de Junio/2019, la DPE informó 4 coeficientes diferentes (1.4286; 1.2426; 1.44963; y 1.4321) para el mismo periodo, lo que es al menos poco serio. No obstante ello, la Caja aplicó -irreductiblemente- el 1.2426 (24%) desde Julio/2019, aunque recibía el 100% de los aportes, que incluían el aumento del 44% otorgado a los activos.

Hasta la fecha, las dos gestiones (Bahntje/Gómez), mantienen similar actitud, sin tener en cuenta los reiterados reclamos y las denuncias realizadas por los jubilados.

Esta merma en la jubilación acumula una deuda que representa más de dos meses del haber que cobra cada jubilado. Ninguno de los actores que intervinieron en esta “picardía” del Estado, está sancionado y/o procesado.

Justamente por estas cuestiones y, también, por la activa movilización de los jubilados fueguinos, la Legislatura, a fines de 2019 sancionó la Ley 1.285, derogando el Artículo 6º de la Ley 1.210, que establecía el nefasto mecanismo de ajuste, recuperando la movilidad del 82% y la manera de cobrarla. Bueno, esto es un  decir… Ponele.

Lamentablemente a la fecha, esta norma no ha sido reglamentada y todavía se aplica el coeficiente para las actualizaciones salariales. Hay varios proyectos de reglamentación de la Ley 1.285 presentados a la Caja de Previsión y al Poder Ejecutivo provincial, pero no hay ninguna definición al respecto, lo que es inexplicable.

El 28 de Agosto de 2019, Gustavo Melella, candidato a gobernador, celebraba la sanción de la Ley 1285 con un Tweet: “#MovilidadJubilatoria en #TierraDelFuego, un planteo que nos hicieron nuestros adultos mayores y hoy se va cristalizando, a través de una comprometida tarea de los legisladores provinciales. @monica_urquiza”.

¡Los jubilados también lo festejamos y con mucho entusiasmo!

En los hechos prácticos -hasta el presente- se aplican las mismas políticas de ajuste a los jubilados, que aplicó Bertone en sus 4 nefastos años de Gobierno. Nada ha cambiado. Lo más grave de todo es que si algo cambió, los jubilados no lo perciben.

A decir verdad, todos los gobiernos, sin ninguna excepción alguna desde la provincialización, han utilizado los aportes a la Obra Social y a la Caja de Previsión, para financiar otras cosas. Lo han hecho de varios y novedosos modos, pero siempre en contra de los intereses de los trabajadores.

Jubilación proviene del latín “jubilare“, que significa gritar de alegría. Mientras que la palabra ‘trabajo’ viene de la voz latina “tripalium“, que designaba a un instrumento de tortura medieval. Por lo tanto  liberarse del tormento, es un motivo más que suficiente para lanzar gritos de alegría o “iubili“.

La jubilación es la oportunidad de ser uno mismo y desarrollar al máximo su potencial humano con la ayuda de la sabiduría y la experiencia adquirida a través de los años. Es la hora de disfrutar. El merecido “jubileo”.

El haber jubilatorio no es una graciosa concesión del gobernante, sino todo lo contrario: es el ahorro de toda la vida del jubilado, mientras estuvo activo.

Es un salario diferido, que aporta el trabajador mes a mes, a lo largo de toda su vida como trabajador. Ese concepto es por el cual se ha luchado por más de un siglo, para conquistar el sistema jubilatorio solidario o de reparto que tenemos y que es atacado sistemáticamente por todos los gobiernos liberales. Concepto reconocido por el Defensor de la Tercera Edad, de la Ciudad de Buenos Aires.

La jubilación es un derecho sancionado por nuestra constitución

Algunas personas amorales creen que los jubilados deben recibir una sentencia de muerte o una condena al olvido, la marginación, el ostracismo, la decadencia y la muerte. Estas personas desalmadas o son inconscientes e irresponsables, creyendo que eso nunca les va a pasar a ellos, o bien se han garantizado “otra forma de jubilación”, saqueando sistemáticamente las arcas del Estado.

Esto también es una seria advertencia para los trabajadores activos, que aceptan retribuciones que son no remunerativas, es decir que no integran el salario, por lo tanto no están sujetas a aportes. Mientras dure su vida activa, está todo bien, pero cuando se jubilan se dan cuenta que han destruido la obra social y el sistema de previsión, pero ya es muy tarde para el arrepentimiento.

Aprovechamos la oportunidad para aclarar algunos conceptos que se utilizan engañosamente cada vez que se quiere reformar el sistema. La clase política argumenta que los jubilados ganan fortunas o que viajan mucho y te apuntan con el dedo o te publican los haberes brutos, incentivando al resto de los ciudadanos para que salgan a matar o a robarles a los jubilados.

Pero cada vez que ajustan a los jubilados, los funcionarios aumentan sus salarios de manera obscena.

Las jubilaciones de privilegio no están dadas por el monto de las mismas, sino porque son jubilaciones generadas por normas excepcionales, que solo benefician a algunos privilegiados.

Son leyes con vicios, que no tienen alcance general y que pueden ser derogadas de inmediato. Solo se necesita la voluntad política para hacerlo. Las mismas obviamente no pueden generar derechos por no cumplir el simple precepto legislativo, que es que la ley debe abarcar a para todos.

Todo sistema previsional es sustentable si es administrado con honestidad y no es sometido a sucesivos saqueos. El nuestro es legal, constitucional, sustentable y merecido. La clase política debe hacer aparecer la plata del saqueo, de lo contrario alguno debe ir preso.

Nos vemos en la obligación, una vez más, recordarles lo que establece nuestra Constitución Provincial y que no se viene cumpliendo:

“Artículo 51.- El Estado Provincial, en el ámbito de su competencia, otorga a los trabajadores, reconociendo el derecho que les asiste, los beneficios de la previsión social y asegura jubilaciones y pensiones móviles irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad. La ley establecerá un régimen previsional general, uniforme y equitativo, que contemple las diferentes situaciones o condiciones laborales y la coordinación con otros sistemas previsionales. Los recursos que conforman el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y deben ser utilizados sólo para atender sus prestaciones específicas. Los aportes y contribuciones correspondientes serán efectuados en tiempo y forma, bajo la responsabilidad de los funcionarios que omitan el cumplimiento de tal obligación. A partir de la sanción de esta Constitución queda prohibido el otorgamiento de beneficios previsionales que signifiquen privilegios.”

Finalmente la pregunta que ronda en la cabeza de todos los jubilados es:

¿Este gobierno será capaz de cambiar la historia del sistema previsional de Tierra del Fuego o volverá a cometer los mismos ilícitos, con la complicidad de los otros poderes de la Provincia, de los organismos de control y de la clase política en general…?

Carlos Maida

Fuente: gremialesdelsur.com.ar