En la misiva, señalan:

“Desde fines de 2017 sufrimos el agravamiento de políticas de ajuste en lo salarial y lo presupuestario, afectándose las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje por reiterados problemas edilicios y de equipamiento, pero también se afectó y se continúa afectando la vida de nuestras familias y la familia del conjunto de trabajadores y trabajadoras estatales, el pago de salarios con hasta tres meses de demora, el no pago del aguinaldo, el corte de la atención de prestadores de nuestra obra social por falta de pago, etcétera.

Estas fueron y son las razones de nuestra lucha. Hemos agotado las vías administrativas y judiciales realizando petitorios y toda clase de acciones sindicales.

Como consecuencia del ejercicio de estos derechos y en la búsqueda del restablecimiento de la legalidad vulnerada por el ejecutivo provincial, sufrimos una verdadera persecución policial y judicial inédita por parte de las fuerzas policiales: desde represiones y detenciones ilegales, hasta la realización de una zona liberada en la rotonda de las rutas 3 y 26 para darle libertad de acción a una patota que desalojó una protesta docente el 4 de septiembre de 2019.

Ante cada movilización, se despliegan fuerzas policiales completamente desproporcionadas; impidiéndonos incluso el tránsito o acceso a lugares públicos. Al respecto, y pese a distintas denuncias efectuadas, no se han registrado avances, el sistema judicial no responde ante la flagrante violación de derechos, pero actúa diligente contra quienes reclamamos su restablecimiento.

Además, se acumulan múltiples causas judiciales que claramente buscan disciplinarnos y defender los intereses de las grandes empresas, en detrimento de los ya vulnerados derechos sociales a la Educación, la Salud.

El Secretario de la Regional Sur sufrió el secuestro de su vehículo con la acusación de haber violado la cuarentena y enfrenta una causa a pesar de haber demostrado que se trasladaba para cumplir una tarea gremial impostergable: la firma de un amparo judicial.

Por una caravana y acto a Cerro Dragón en 2018, se procesó y se inició juicio contra representantes docentes y compañeros de ATECh, pero además en los últimos días se recibieron 13 nuevas citaciones a docentes. Indigna que lleguen a través de la Prefectura, por ejemplo, siendo que el Puerto fue el foco para el peor brote de COVID-19 en nuestra ciudad.

Se disponen vehículos y personas de las fuerzas de seguridad para notificar (hostigar) a quienes reclamamos justicia. Queda claro en lo expuesto que las fuerzas de seguridad federales y provinciales, están lejos de brindar seguridad y actúan de manera persecutoria y represiva en relación a nuestros justos reclamos”.

El escrito, firmado por autoridades gremiales, fue entregado a primera hora de la tarde en las afueras de dependencias de la Policía Federal Argentina, en Chacabuco esquina Maipú del barrio Centro Oeste comodorense.

Fuente: elcomodorense.net