Luego de la salida del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) de la mayoría de las jurisdicciones del país, y la ampliación gradual de numerosas actividades económicas, incluso dentro de las jurisdicciones que se mantienen dentro del ASPO, se ha registrado un crecimiento significativo del número de contagios y de fallecimientos por COVID-19, al punto tal de que nuestro país registra uno de los mayores índices de contagios en el mundo.

Esta situación, presentada mediáticamente como consecuencia de irresponsables  reuniones sociales, como si la prevención contra el contagio fuera una cuestión de responsabilidad individual, oculta la realidad de las personas que deben salir todos los días a trabajar en el marco de una pandemia y en condiciones de trabajo que no pueden decidir ni controlar.

La ausencia de datos numéricos que reflejen la totalidad de contagios por Covid-19 presuntamente ocurridos por motivo o en ocasión del trabajo,  que fueran denunciados como enfermedad profesional, impide conocer el impacto que en la propagación de la enfermedad viene teniendo  el  retorno masivo a los lugares de trabajo y el grado de eficacia y cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Los informes elaborados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), como el más reciente «Evolución de los casos denunciados COVID-19» (https://www.argentina.gob.ar/noticias/actualizacion-covid-19-el-sistema-cubrio-mas-de-145-mil-trabajadores), resultan totalmente incompletos y parciales, por cuanto sólo registran el número de casos aceptados como enfermedades profesionales no listadas dentro del marco del DNU N° 367/2020, omitiendo indicar el número de casos desestimados como así también la cantidad de trabajadores y trabajadoras fallecidas por Covid-19.

De esta forma, resulta imposible advertir cabalmente la magnitud real de la presencia de casos de Covid-19 en los lugares de trabajo a los fines de poder adoptar nuevas medidas preventivas.

Por otra parte, el DNU N° 367/2020 declara al Covid-19 como enfermedad profesional no listada sólo respecto de trabajadores y trabajadoras esenciales, no comprendiendo dentro de su alcance a quienes no tienen tal carácter pero concurren igualmente a sus lugares de trabajo. Asimismo, siendo que la definición de trabajador y trabajadora esencial según la normativa de emergencia se aplica para las jurisdicciones incluidas dentro del ASPO, ello motiva a que las ART y las Comisiones Médicas desestimen las denuncias realizadas en las restantes jurisdicciones. Esto se hace evidente en último informe de la SRT que indica que el 87% de los casos aceptados son en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, lo que demuestra que su informe está focalizado casi exclusivamente a la zona del AMBA en donde continúa el ASPO, dejando a afuera a los trabajadores del resto del país. Ese porcentaje no se condice con la proporción general de contagios en el país entre el AMBA y  las provincias que es en la actualidad casi similar.

A las limitaciones de los alcances del DNU N° 367/2020 hay que sumar las deficiencias propias del régimen de riesgos de trabajo  que esta Asociación viene denunciando desde hace décadas, al igual que las restricciones introducidas por la Resolución SRT N° 38/2020 que impone, como requisito para aceptar denuncias de trabajadores enfermos por Covid-19, la presentación de documentación elaborada por el propio empleador.

La falta de  datos estadísticos suficientes y confiables impide evaluar la situación sanitaria de las personas trabajadoras en la grave situación de emergencia sanitaria, social y económica que nos atraviesa, con el riesgo del agravamiento en el número de casos.

Es por todo esto que solicitamos a los organismos pertinentes y a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,  en particular,  que procedan a elaborar estadísticas amplias, detalladas, actuales y confiables sobre la cantidad de contagios y número de víctimas fatales por Covid-19 de trabajadores y trabajadoras que hayan podido contraer la enfermedad por motivo y en ocasión de sus tareas. Estas estadísticas deben ser elaboradas siguiendo pautas razonables y explícitas que permitan verificar la confiabilidad de la información recogida. Finalmente, las mismas deben ser dadas a conocer al público en general para poder evaluar la situación sanitaria de la clase trabajadora y poder, en su caso, adoptar las medidas preventivas que sean necesarias.

Fuente: aal.org.ar