“En este marco, señalamos la importancia de elevar los ingresos que podrán ser gravados a partir de que se vote y promulgue el presente proyecto de ley. Hoy, las y los trabajadores solteros pagan este injusto impuesto desde $78.810 netos, las y los casados con un hijo/a desde $80.874 y las y los casados con dos hijos/as desde $98.963.

Es importante destacar algunos puntos. El proyecto de ley establece el nuevo mínimo para todos los trabajadores y trabajadoras en $124.500 neto mensual (o $150.000 brutos mensuales). Además, establece un nuevo piso para las y los jubilados que pagan el impuesto en $114.211 netos mensuales, es decir, el equivalente a 8 jubilaciones mínimas. En todos los casos se excluye el aguinaldo y los pagos extraordinarios (gratificaciones, bonificaciones, premios, etc.), por lo que el impacto benéfico puede ser menor en esos casos. Por último, abre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo encuentre una fórmula para elevar deducciones para los salarios de entre $150.000 y $173.000, de tal manera que esa franja cercana no se vea tan perjudicada. Esto implica que 1.270.000 dejarían de verse afectados por el impuesto al salario y 103.000 pagarían menos a partir de que rija la nueva ley.

La discusión parlamentaria permitirá a las y los trabajadores abogar por mejoras al proyecto como son: aplicar el Índice de precios al consumidor para determinar la actualización de los mínimos dado que el proyecto insiste con utilizar la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), o practicar actualizaciones semestrales -en lugar de anuales- debido a la volatilidad mensual de la inflación o mejorar los montos deducibles de las y los trabajadores autónomos.

Las Centrales obreras hemos insistido permanentemente con la eliminación del impuesto al salario o una modificación importante para evitar que los salarios pierdan por esta vía, el consumo interno se revitalice y esto impacte en la creación de nuevos puestos de trabajo. Hablamos de $40.000 que se inyectarán en el mercado interno y que tendrán influencia en el mejoramiento de una economía tan golpeada por esta pandemia interminable.

Estas medidas fortalecen las cuentas familiares de casi 2.000.000 de trabajadoras y trabajadores, muchos de los cuales desempeñan sus tareas en áreas esenciales o críticas como los servicios públicos, el transporte, la minería, la producción de aceites y molienda, los bancos, química y petroquímica, laboratorios e industria farmacéutica, algunas actividades portuarias, etc.

Estamos convencidos y convencidas que es por acá. Reiteramos que el esfuerzo y disciplina demostrado por el pueblo argentino necesita de estas políticas. Al COVID-19 también le ganamos con gestos y medidas como éstas.

Pablo Micheli, Secretario General CTA Autónoma

Dora Martínez, Secretaria Adjunta CTA Autónoma

Fuente: gremialesdelsur.com.ar