KMG Fueguina S.A. es el ejemplo más acabado de lo que hay que corregir del subrégimen de promoción industrial; el botón de muestra que sirve a los operadores del continente para cargar contra el Polo Productivo, aseverando que este solo beneficia a un par de vivos.

Autorizada a instalarse bajo el amparo de la 19640, la empresa se radicó en Río Grande en el año 2012 para producir máquinas fotográficas, con una inversión original de 30 millones de pesos y la contratación de un centenar de empleados.

Con los años, las irregularidades se sucedieron y llevaron incluso al cierre de la planta en 2019, con la suspensión de unos 50 trabajadores que formaban parte de su staff permanente.

Haciendo de la reinvención una de sus armas, la firma logró expandirse y conformar un conglomerado de firmas bajo el nombre KMG Group y que tiene, además de la consabida KMG Fueguina S.A., a las empresas IFRESA y CISA.

Pero el año pasado, la Aduana detectó una serie de envíos fraudulentos de placas de video y la Justicia Federal de Río Grande procesó y embargó a su Presidente por la presunta simulación en la importación de productos tecnológicos de escaso valor agregado, al declarar un valor de 1,5 millones de dólares cuando su valor de plaza era de 30 mil dólares.

Hoy, encorsetada por la Justicia y sin posibilidad de acceso a créditos y financiamiento, KMG amenaza con despedir a todo su personal, que consta de unos 70 operarios e incluso ya puso en aviso a sus empleados, a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y hasta al propio Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción y Ambiente.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar