El escrito, firmado por el Secretario General de APOC, Hugo Buisel Quintana, está dirigido al Vocal abogado en ejercicio de la presidencia del Tribunal de Cuentas, Miguel Longhitano, y cuestiona una nota externa mediante la cual -según denuncia el gremio- el Tribunal habría intentado impugnar o desconocer el resultado de las elecciones sindicales realizadas en la seccional Tierra del Fuego.

Desde APOC afirman que las elecciones se desarrollaron con absoluta normalidad, sin impugnaciones administrativas ni judiciales, y que el empleador no tiene legitimidad para intervenir en procesos electorales sindicales. En ese sentido, recuerdan que la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551 prohíbe expresamente la injerencia patronal en la constitución, funcionamiento o administración de las organizaciones sindicales, calificando este tipo de conductas como “prácticas desleales”.

El documento sostiene que el accionar del Tribunal de Cuentas constituye una forma de persecución gremial e ideológica contra los dirigentes electos de la seccional fueguina, quienes asumieron sus cargos el 13 de diciembre de 2025 y gozan de tutela sindical. “No existe motivo ni justificativo legal para que un empleador decida intervenir en la elección de autoridades sindicales y desconozca la tutela de representantes electos”, señala la nota.

APOC también recuerda que la vida interna de los sindicatos está regulada por la ley nacional y que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Trabajo de la Nación, ni los empleadores ni los organismos donde trabajan los afiliados. En ese marco, citan además convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con jerarquía constitucional, que garantizan la libertad sindical y ordenan a las autoridades públicas abstenerse de cualquier intervención que limite u obstaculice su ejercicio.

Un punto central del planteo es que el Juzgado Municipal de Faltas -donde se desempeñan algunos de los dirigentes electos- integra la órbita de representación de APOC, por lo que cualquier intento de desconocer la tutela sindical implicaría una violación directa a derechos constitucionales y convencionales.

En el escrito también se menciona que la Secretaría de Trabajo de la Nación ya se expidió en otro expediente relacionado, indicando que, tras las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 342/2025, el Estado debe abstenerse de intervenir en los procesos de autonomía y autodeterminación sindical, reforzando así el principio de no injerencia.

Finalmente, APOC intimó al Tribunal de Cuentas a que se abstenga de continuar con lo que califica como un accionar “antijurídico y desleal”, bajo apercibimiento de efectuar denuncias administrativas y judiciales, tanto por “prácticas desleales” como por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El gremio exige que se respete la tutela sindical de los dirigentes electos y la autonomía de la organización sindical.

El conflicto abre un nuevo capítulo de tensión entre organismos de control y representación gremial en la provincia, con posibles derivaciones judiciales si no se recompone el diálogo institucional.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar