La medida registra un alto nivel de adhesión y expresa el rechazo a la Ordenanza C.S. Nº 2/2026, “Reglamento para la Gestión de Jubilaciones de la UNTDF”, cuya aplicación, a partir del 1º de octubre, puede dejar a docentes de 70 años sin salario mientras aún no cuentan con el beneficio jubilatorio otorgado.

Desde AFUDI venimos advirtiendo, además, que esta normativa afecta concursos vigentes, derechos sindicales, académicos e institucionales, y puede interrumpir abruptamente, a mitad del cuatrimestre, el dictado de asignaturas a cargo de docentes alcanzados por la medida, con consecuencias para las y los trabajadores, el estudiantado y la propia organización académica.

A ello se suma un aspecto de particular gravedad: entre las y los docentes alcanzados por esta Ordenanza existen representantes sindicales con tutela gremial. La normativa vigente protege especialmente su estabilidad y establece que no pueden ser suspendidos, despedidos, ni modificadas sus condiciones de trabajo sin una resolución judicial previa que los excluya de esa garantía. Desconocer esta protección no sólo afectaría derechos individuales, sino también el ejercicio de la representación sindical y, con ello, derechos colectivos de toda la docencia universitaria.

La docencia universitaria rechaza una medida que consideramos irrazonable, desproporcionada e injusta. A este cuestionamiento se suma el acompañamiento de más de 300 personas que firmaron el pedido de modificación y suspensión de la Ordenanza.

Este paro no constituye el inicio del conflicto. Es el resultado de un proceso previo en el que se agotaron distintas vías administrativas e institucionales para encontrar una solución, incluyendo los reclamos para que una cuestión que afecta derechos laborales docentes sea tratada en el ámbito de la Paritaria Particular.

El conflicto no “balcaniza” la Universidad

En este contexto, resultan especialmente preocupantes las expresiones realizadas por el Rector durante la 100ª Sesión Ordinaria del Consejo Superior, cuando vinculó los carteles y las manifestaciones públicas de disconformidad con el riesgo de una supuesta “balcanización”.

Los carteles cuestionados no pueden reducirse a una acción gremial. Expresan también la voz de docentes que, en ejercicio de su libertad de expresión, hacen pública su disconformidad frente a decisiones institucionales.

Para AFUDI, cuestionar, reclamar, protestar, expresar públicamente una posición y hacer visibles las responsabilidades de quienes gobiernan forma parte de la vida democrática universitaria, de la libertad sindical y de la libertad de expresión de las y los docentes.

Quienes integran órganos colegiados de gobierno adoptan decisiones públicas y deben asumir la responsabilidad institucional y política que deriva de ellas. Dar a conocer cómo se votó una medida que afecta derechos docentes no constituye, por sí mismo, una persecución: forma parte del debate, la crítica y la rendición pública de cuentas propias de una institución democrática.

Existe, además, una profunda paradoja en el discurso rectoral: mientras se denuncia una supuesta “balcanización”, se construye una frontera entre quienes representarían el orden, la integración y la institucionalidad y quienes, por exteriorizar el conflicto y cuestionar públicamente decisiones de gobierno, aparecen asociados a la fragmentación y a la persecución política.

De este modo, el disenso -constitutivo de toda vida democrática universitaria- corre el riesgo de dejar de ser reconocido como una expresión legítima para comenzar a ser presentado como una amenaza contra la propia comunidad.

Frente a expresiones que consideramos antisindicales y deslegitimadoras de la protesta docente, sostenemos con claridad:

- El problema no es que el conflicto “balcanice” a la Universidad. El problema aparece cuando se fragmenta discursivamente a la comunidad universitaria y quienes cuestionan una política institucional son presentados como una amenaza para la institución misma.

- La integración democrática no exige silenciar el conflicto. Exige reconocerlo, habilitar su expresión, y generar las condiciones institucionales necesarias para tramitarlo y resolverlo.

Defender derechos también es defender la Universidad Pública

Reafirmamos nuestra defensa irrestricta de la Universidad Pública y nuestro rechazo a las políticas de ajuste y desmantelamiento del sistema universitario impulsadas por el Gobierno Nacional.

Pero esa defensa también implica cuestionar las políticas que se llevan adelante dentro de nuestra propia Universidad cuando entendemos que reproducen lógicas de ajuste, vulneran derechos laborales, y convierten a las y los trabajadores docentes en la variable elegida para absorber sus consecuencias.

- No aceptamos que defender derechos sea presentado como dividir a la Universidad.

- No aceptamos que reclamar sea confundido con perseguir.

- No aceptamos que el silencio sea presentado como integración.

Las y los docentes alcanzados por esta Ordenanza irrazonable, desproporcionada y profundamente injusta no están solos. Detrás de cada docente afectado hay compañeras y compañeros, estudiantes, y una comunidad que entiende que los derechos conquistados se defienden colectivamente.

Defender los derechos docentes es también defender la Universidad Pública.

LA LUCHA SIGUE.

100ª Sesión Ordinaria del Consejo Superior de la UNTDF, disponible en el canal oficial de YouTube de la Universidad:

https://www.youtube.com/user/UNIVERSIDADTDF/featured

Prensa AFUDI

Fuente: gremialesdelsur.com.ar