“No se trata de una cuestión administrativa menor.

Las decisiones de la Junta tienen consecuencias concretas sobre la carrera de cada docente: pueden modificar puntajes, condicionar el acceso a cargos y ascensos o afectar oportunidades laborales.

A esto se suma una situación que venimos reclamando desde hace tiempo: la última elección de representantes docentes para integrar la Junta fue en 2010.

Después de tantos años, resulta necesario normalizar su funcionamiento y devolver a los docentes la posibilidad de elegir a quienes los representan.

Desde AMET Tierra del Fuego sostenemos un reclamo concreto: reglas claras, procesos transparentes, controles efectivos y elecciones de representantes docentes.

Porque cuando se decide sobre nuestra carrera, los docentes tenemos derecho a saber cómo se decide y a elegir quiénes nos representan”, señaló la entidad sindical.

La intervención de la Fiscalía de Estado

La Fiscalía de Estado realizó una evaluación integral del funcionamiento de la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Secundario y concluyó que existen deficiencias que exceden los reclamos particulares que dieron origen a la investigación. El Dictamen 11/2026, surgió a partir de una denuncia presentada por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) por presuntas irregularidades en el listado docente para el ciclo lectivo 2026.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a los tiempos del proceso. La inscripción comenzó en junio de 2025 y la revisión de puntajes se realizó entre el 2 y el 13 de febrero de 2026. Sin embargo, los actos públicos para cubrir cargos fueron fijados para el 18 y 20 de febrero, mientras que el listado definitivo recién se publicó el 2 de marzo. Es decir, se realizaron designaciones cuando todavía se trabajaba con información provisoria.

Para la Fiscalía, esta situación debe dejar de ser habitual. Requirió al Ministerio revisar la organización, la tecnología y los recursos destinados a la clasificación para garantizar que los listados definitivos estén disponibles antes de las designaciones. Si los plazos establecidos por las normas hacen imposible cumplir ese objetivo, planteó que deberán impulsarse cambios legislativos.

El dictamen también detectó problemas en el control de los antecedentes. Al revisar el caso de una docente fue necesario reconstruir años de documentación y se encontraron inconsistencias, entre ellas puntajes superiores a los máximos permitidos. La Fiscalía advirtió que el sistema mantiene un alto nivel de procesamiento individual y una trazabilidad insuficiente, lo que facilita que errores de cálculo o documentación pasen de un año a otro.

Otro punto relevante fue el criterio jurídico del propio Ministerio. Fiscalía objetó la interpretación según la cual errores de años anteriores quedarían saneados simplemente porque pasó el tiempo y no fueron impugnados. Consideró que primero debe determinarse qué tipo de irregularidad existe, ya que la estabilidad de una situación administrativa no convierte automáticamente en válido aquello que pudo ser contrario a la normativa.

Finalmente, cuestionó que se continúe demorando la convocatoria a elecciones para renovar a los representantes docentes de la Junta. En su conclusión, sostuvo que las fallas encontradas en competencias, procedimientos, tiempos, corrección de errores e integración del organismo justifican una revisión integral del sistema de clasificación docente.

Prensa AMET Tierra del Fuego / eldiariodelfindelmundo.com

Fuente: gremialesdelsur.com.ar