“Las Comisiones Directivas de UEJN y de SEJUP expresamos nuestra profunda inquietud ante las recientes manifestaciones públicas efectuadas por el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande, Dr. Renán Uribe, quien, en el marco de un streaming, se refirió a las medidas de fuerza llevadas adelante por las organizaciones gremiales y a las consecuencias que, según su consideración, estas producirían sobre la tramitación de causas relevantes del servicio de justicia.

Entendemos y respetamos que las instituciones vinculadas al sistema judicial puedan expresar su posición respecto de las medidas gremiales, incluso cuando exista desacuerdo con ellas. Lo que nos genera especial alarma es que, a partir de esa consideración, se sugiera al Superior Tribunal de Justicia la utilización de determinadas ‘herramientas’ frente al ejercicio de las medidas de fuerza, mencionándose entre ellas la quita del presentismo o el descuento de los días de paro.

Resulta particularmente preocupante que quien ocupa la máxima representación institucional del Colegio Público de Abogados de Río Grande plantee consecuencias económicas sobre las y los trabajadores judiciales por el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho de huelga.

Esta posición, además, contrasta con el diálogo institucional que históricamente hemos procurado mantener. En distintas oportunidades, representantes de los Colegios de Abogados de Ushuaia y Río Grande han manifestado su inquietud por las consecuencias de las medidas de fuerza, pero también han demostrado comprensión frente a la legitimidad de los reclamos salariales de las y los trabajadores judiciales.

Porque detrás de una medida de fuerza no hay una decisión caprichosa. Hay trabajadores que sostienen diariamente el funcionamiento del servicio de justicia y que, aun contando con años de antigüedad, experiencia y capacitación, perciben remuneraciones que no alcanzan a cubrir adecuadamente sus necesidades básicas ni representan la dignidad salarial que corresponde a la responsabilidad de las funciones que desempeñan.

También corresponde recordar que estas mismas organizaciones gremiales han actuado con responsabilidad y comprensión frente a planteos provenientes de los propios Colegios de Abogados.

Cuando se propuso ampliar la disponibilidad horaria del sistema de gestión electrónica SAE Kayen, nuestras organizaciones no solamente comprendieron las necesidades planteadas, sino que prestaron conformidad para avanzar hacia una disponibilidad prácticamente integral del sistema, durante casi la totalidad de los días y horarios, aun cuando el requerimiento originalmente formulado por los Colegios contemplaba una extensión sensiblemente menor.

Lo hicimos porque entendemos que la construcción de un mejor servicio de justicia requiere diálogo, responsabilidad y consideración de las necesidades de todos los sectores que lo integran.

Del mismo modo, corresponde señalar que la lucha salarial que llevan adelante estas organizaciones también repercute indirectamente en la actualización del IUS, unidad de medida utilizada para la determinación de los honorarios profesionales de los abogados. Paradójicamente, al día de hoy, esa unidad ha experimentado una evolución superior a la recomposición salarial percibida por buena parte de las y los trabajadores judiciales.

Por eso resulta inevitable formular una pregunta: ¿Estaría dispuesto el Presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande a que el valor de la unidad con la que se regulan sus honorarios evolucionara únicamente en la misma proporción que el salario de las categorías iniciales del Poder Judicial luego del incremento percibido en agosto?.

No pretendemos confrontar con quienes ejercen la abogacía ni desconocemos las dificultades que las medidas de fuerza pueden producir en el funcionamiento cotidiano del sistema judicial. Pero tampoco vamos a aceptar que esas dificultades sean utilizadas como fundamento para promover medidas económicas contra las y los trabajadores que ejercen legítimamente sus derechos sindicales y constitucionales.

Asimismo, corresponde dejar en claro que las medidas de fuerza adoptadas no implican el abandono de aquellas situaciones que requieren una respuesta judicial impostergable. Aun durante el desarrollo del conflicto, las y los trabajadores judiciales sostienen las guardias mínimas necesarias para garantizar la atención de los asuntos urgentes, compatibilizando de esta manera el legítimo ejercicio del derecho de huelga con la atención de aquellas situaciones que, por su naturaleza, no admiten demora.

Esta circunstancia también debe ser considerada antes de presentar las medidas gremiales como una paralización indiscriminada del servicio de justicia. Las organizaciones sindicales han ejercido el derecho de huelga con responsabilidad, procurando preservar la atención de las urgencias aun en un contexto de conflicto salarial que lleva meses sin encontrar una solución definitiva.

Mucho menos aceptaremos que se pretenda amedrentar a las y los trabajadores mediante propuestas desacertadas que trasladan sobre ellos las consecuencias de un conflicto que no generaron y cuya solución no se encuentra en castigar a quienes reclaman, sino en atender las causas que dieron origen al reclamo.

Durante el mes de septiembre nuestras organizaciones actuaron con prudencia y responsabilidad. Suspendimos y postergamos medidas, aguardamos respuestas y otorgamos al Superior Tribunal de Justicia un margen razonable para avanzar en una solución concreta, incluso hasta mediados del mes.

Sin embargo, transcurrido ese tiempo y ante la ausencia de respuestas concretas a la fecha, hemos resuelto dar continuidad al plan de lucha mediante las distintas acciones gremiales oportunamente definidas.

Nuestro reclamo continúa siendo el mismo: una recomposición salarial real y acorde a la responsabilidad, capacitación, antigüedad y función de quienes todos los días sostienen el servicio de justicia de Tierra del Fuego.

No serán los intentos de amedrentamiento ni las expresiones que pretendan enfrentar a trabajadores con abogados, usuarios o distintos sectores del sistema judicial las que nos hagan abandonar ese objetivo.

La unión hace la fuerza.

La unidad prevalece.

La organización vence al tiempo".

COMISIÓN DIRECTIVA UEJN / COMISIÓN DIRECTIVA SEJUP

Fuente: gremialesdelsur.com.ar