Pese a las críticas de la oposición y la resistencia de los organismos de Derechos Humanos, sociales y políticos, la ley no sólo fue promulgada sino que ya entró en vigencia: “con esta ley hasta Gandhi sería tipificado como terrorista”, dijo Pablo Micheli, secretario general de la CTA. Que un Gobierno con un discurso que dice defender un proyecto de país “nacional y popular” promulgue una ley de estas características, amparado por un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, organismo multilateral establecido en 1989 por el G-7) no deja de ser una contradicción, pero la falta de coherencia entre el discurso y la acción se ve con más claridad en la vida real: en un año 15 personas fueron asesinadas por reclamar tierra y trabajo y más de 5 mil hombres y mujeres están procesados por defender sus puestos de trabajo. “Lo que se está preparando es el disciplinamiento de los trabajadores frente a la crisis”, enmarcó Peidro la sanción de la ley.

La reciente ley 26.734, cuyo texto modifica extractos del Código Penal, establece que las penas se incrementarán en el doble del mínimo y el máximo “cuando delitos previstos en el Código Penal se cometieran para aterrorizar a la población”. A esa norma se le agrega el artículo ‘41 quinquies’: “cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.

“La falacia de presentar esta ley para combatir el lavado de dinero es una excusa que marca una pérdida de soberanía dado que el GAFI es un invento de los organismos multilaterales”, comenzó su intervención Hugo Blasco, secretario de Derechos Humanos de la CTA. “Lo que está detrás es el límite del modelo de desarrollo. Ya no pueden hacerse los distraídos con las muertes: necesitan legalizar el mecanismo de la represión”, dijo Blasco sin medias tintas.

El secretario de Derechos Humanos agregó que la ley lleva a la libre interpretación de los jueces, muchos de los cuales vienen de la dictadura militar. “Esta ley no es más que otra sumisión a los organismos multilaterales que responden al gendarme del mundo que es Estados Unidos”, añadió luego de recordar que Argentina pertenece al Grupo de los 20 (G-20). “Esta ley ya fue promulgada y puede empezar a tener efectos sobre nosotros”, concluyó Blasco acompañado por los integrantes de la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina y Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

También estuvieron presentes José Schullman y Graciela Rosemblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Humberto Tumini de Libres del Sur, Jorge Altamira y Marcelo Ramal del Partido Obrero, Vilma Ripoll y Alejandro Bodart del MST, Alcira Argumedo de Proyecto Sur, Martín Orgando de Juventud Rebelde 20 de diciembre, Juan Manuel Kart de la FUBA, Alejandro Lipcovich presidente de la FUBA, Ana Laura Lastra del PTS, Mónica Scandizzo de la junta interna de ATE-INDEC, Nicolás Tauber de Liberpueblo, Graciela Vargas de la AEDD, Oscar Rodríguez y Alicia Peralta de la APDH de La Plata, Santiago Gándara de la AGD-UBA, Gustavo Vera de La Alameda, Víctor Mendibil secretario general de la Federación Judicial Argentina, Ana Careaga del Instituto Espacio por la Memoria y Mirta Baravalle de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

La conferencia finalizó con la convocatoria a la marcha prevista para este jueves a las 17 horas en Avenida de Mayo y Nueve de julio para caminar a la histórica Plaza de la Victoria para exigir la nulidad de la ley.