Llamativamente, los trabajadores procesados no serían delegados ni miembros de comisión directiva, aunque sí son obreros que adherían a las medidas de fuerza.

Sorpresivamente, este medio pudo saber que dos de las tres trabajadoras denunciantes en la causa serían las mismas que durante el conflicto habían asistido al Ministerio de Trabajo y firmaron individualmente un acta-acuerdo pidiendo “disculpas a la empresa por los perjuicios ocasionados durante las medidas de fuerza” y reincorporándose a sus puestos de trabajo.

También en aquella ocasión, hubo un medio radial de la ciudad de Río Grande que se prestó a un operativo de prensa realizando notas a los trabajadores que ingresaron a trabajar durante el paro de actividades y luego les negó el derecho a réplica a los huelguistas, situación que se dio en la empresa Badisur.

Toda esta situación podría encuadrarse en una acción premeditada de la empresa con el objetivo de coartar la libertad sindical en momentos en que el sindicato FONIVA se encuentra en un proceso electoral.  

La gravedad de la situación podría generar fuertes pronunciamientos de las organizaciones gremiales confederadas de la ciudad de Río Grande.