El Secretario de Trabajo José Calixto, explicó que el dictado de la conciliación obligatoria tiene como objetivo “que las partes se avengan a negociar  y logren  de esa manera los acuerdos”, pero ante la negativa del gremio, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad conferida por la Ley 14.786 “de determinar la multa máxima que como autoridad de aplicación corresponde por desconocer el acto administrativo,  caso contrario este tipo de actitudes se transforman en una anarquía, situación que jamás puede permitirse en un marco de seguridad jurídica”.