16.05.2012 | Ushuaia | CONDENA A JOSÉ MÁRTINEZ
En las provincias feudales no hay libertad de expresión, derechos ni garantías
“La libertad de opinión tiene un techo y no es posible que un ciudadano común del pueblo denuncie y controle a sus representantes porque puede terminar pagando multas inalcanzables al bolsillo de un trabajador”, sostienen desde el SUTEF.
Mediante un comunicado de prensa, la conducción provincial del SUTEF, repudió el fallo del Superior Tribunal de Justicia condenando post mortem al senador José Martínez en la causa iniciada por el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre. El texto del comunicado es el siguiente:
"En una provincia, un dirigente político y sindical denuncia por corrupción a un Fiscal de Estado en el marco de un juicio político (que no prospera). Este Fiscal lo denuncia por agravio a su buen nombre y honor. Aquellos de su grupo de pertenencia social elevada cuya función es administrar justicia en esa provincia en un Superior Tribunal deciden en el juicio que (sin importar si la denuncia era correcta o no) se agravió el honor de uno de los suyos y obliga a la familia del dirigente político y sindical (ya fallecido), a pagar una multa considerablemente elevada.
"En una provincia, un dirigente político y sindical denuncia por corrupción a un Fiscal de Estado en el marco de un juicio político (que no prospera). Este Fiscal lo denuncia por agravio a su buen nombre y honor. Aquellos de su grupo de pertenencia social elevada cuya función es administrar justicia en esa provincia en un Superior Tribunal deciden en el juicio que (sin importar si la denuncia era correcta o no) se agravió el honor de uno de los suyos y obliga a la familia del dirigente político y sindical (ya fallecido), a pagar una multa considerablemente elevada.
En esa provincia, un Juez es nombrado en ese Superior Tribunal por la votación del Primer Ministro que es hermano de su socia.
Además, en esa provincia, el Estado les retuvo (o robó?), los ahorros de la caja de jubilaciones a los trabajadores estatales (que fueron descontados de sus salarios) y no quiere devolverlos alegando que es impagable. Pero intervienen la administración de la Caja Previsional porque “quieren saber porqué están ahogados financieramente” lo que es obvio cuando le deben más de 1500 millones).
En esa misma provincia los funcionarios públicos aumentan sus dietas al doble mientras les dicen a sus empleados que no hay dinero para aumento de sueldo.
En esa provincia los funcionarios del estado acusan mediáticamente a los dirigentes sindicales de ladrones y tirabombas y nadie les hace juicio por agravios. No contentos con esto, ante los reclamos, denuncian en la justicia a estos dirigentes por infundados secuestros, amenazas, desacatos, desabastecimiento y también multan a los sindicatos con cifras astronómicas embargando inconstitucionalmente los bienes personales de los dirigentes.
Hay muchas cosas más para contar de esa provincia, en la que ahora, la libertad de opinión tiene un techo y no es posible que un ciudadano común del pueblo denuncie y controle a sus representantes porque puede terminar pagando multas inalcanzables al bolsillo de un trabajador.
Uno puede pensar que es una provincia que existió en un tiempo lejano en donde el feudalismo imperaba. Lamentablemente no es así, es una provincia muy cercana y de la actualidad; pero es lamentable también que no podamos decir de qué provincia se trata".
COMISIÓN DIRECTIVA SUTEF
