Más allá de lo político, que en la última semana tuvo una fuerte señal con la reunión que mantuvieron antimoyanistas con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay cuestiones que se dirimirán, irremediablemente, en la Justicia.

El fondo, el tema es hacerse con el sello y con el manejo de las millonarias cuentas de la CGT, algo que tanto Moyano como sus opositores no están dispuestos a negociar.

Precisamente el dirigente camionero ya dio el primer paso. Su equipo de abogados, encabezado por el "ecléctico" Héctor Recalde, activó una réplica legal contra la impugnación de la elección de la CGT que dictaminó el Ministerio de Trabajo.

Lo que buscan demostrar en esta presentación es que algunos de los dirigentes que pidieron la anulación por falta de quórum avalaron antes con su voto la convocatoria.

Cuando la disputa caiga definitivamente en la Justicia, será la Cámara Laboral la que tenga a su cargo el dictamen final. Allí actuará el Fiscal General Eduardo Oscar Álvarez, el mismo que intervino en la fractura de la CTA.

Pero en aquel caso, los dos sectores enfrentados acordaron evitar la intromisión del Ministerio de Trabajo, y recurrieron directamente a la Justicia. Y aún esperan una resolución del Procurador General de la Nación.

Desde el antimoyanismo también aceleran su estrategia judicial. La idea es insistir con que el Congreso que reeligió a Moyano fue ilegal. Luego, plantearan irregularidades en la conformación del actual consejo y de la reelección. Y, claro, por último apuntarán al edificio de Azopardo y al manejo de las cuentas.

"De acá no nos mueven ni locos", fue la afirmación de un moyanista de la primera hora. Y más allá de lo simbólico, el manejo de la histórica sede tiene un indisimulable valor político: supervisar el patrimonio de la central sindical y de las sedes regionales de todo el país, así como administrar el aporte mensual de cada uno de los sindicatos afiliados, la documentación oficial, el sello y la personería gremial.

Tal como ocurrió hace dos años con la CTA, la CGT también se encamina a una disputa judicial que, seguramente, durará meses. Una pelea que es consecuencia de los intereses políticos de cada sector, y de su relación con el gobierno nacional”.

 

Fuente: infobae.com