El régimen vigente está contenido en la ley 11544, que data de 1929. Fue una de las primeras conquistas del movimiento obrero y sindical que fuera potenciándose en el mundo desde fines del S. XIX, a partir de la sobre explotación laboral que permitió la revolución industrial.

Al respecto, López expresó, “durante sus más de 80 años de vigencia, se viene gestando en distintas partes del mundo, desde hace bastante tiempo, todo un movimiento de revisión y crítica, a partir de la constatación de los importantes cambios operados a lo largo del S. XX en los ámbitos productivo, industrial, tecnológico, informático, comercial, etc. También a nivel de las familias, de las relaciones sociales, de hábitos de consumo y costumbres cotidianas”.

Todo ello sugiere que el trabajador necesita recuperar parte de su tiempo para aplicarlo a otros órdenes de la vida, tan importantes como el trabajo el cual, a su vez, por sus crecientes tecnificación y automatización, demanda cada vez menos horas hombre.

De otra perspectiva, el parlamentario destacó que, “aún con la importante recuperación económica experimentada por nuestro país a través de la política de desarrollo con inclusión social implementada desde 2003, persiste un núcleo duro de desempleo difícil de perforar, ante lo cual aparece como una posibilidad ensayar alternativas de redistribución del trabajo, creándose nuevos puestos laborales a partir de las horas liberadas por la reducción de jornada. Así inclusive lo evalúan la OIT y el G20”.

El proyecto prevé que la reducción de la jornada no implica reducción salarial, manteniéndose los niveles vigentes a través del incremento proporcional del valor hora. “El derecho a la retribución justa es otra conquista social, independiente, y que debe ser garantizado por separado, no pudiéndose negociar por la jornada de modo que alguien deba trabajar demasiadas horas o tener más de un empleo para que el salario le alcance”, sintetizó López.

El proyecto se presenta luego de casi un año de estudio, trabajo, investigaciones, conversaciones y articulaciones con diversos actores y sectores del campo del trabajo, grupos sindicales, entidades de base de CTA, entre otros, y será girado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social donde, “se espera pueda debatirse en profundidad, juntamente con otras iniciativas con las cuales debiera integrar un sistema que permita avanzar al pleno empleo, a una equitativa distribución del producto social, y a blindar a los trabajadores para que no sean la variable de resolución de las implicancias que a nivel local pueda determinar la crisis económica de los países desarrollados”, concluyó el Senador.