El Gobierno volvió a establecer un aumento del Salario Mínimo por decreto, fijando las remuneraciones que recibirán los trabajadores hasta marzo. Asimismo, dispuso un límite para la prestación por desempleo.

El sector de las pequeñas y medianas empresas industriales (Pymes) manifestó una creciente preocupación por el aumento de despidos y cierres de empresas, solicitando con urgencia una reunión con el Ministro de Economía, Luis Caputo, para discutir medidas de recuperación productiva.

El pronto vencimiento de casi 50.000 contratos puso en alerta al gremio de estatales ATE, que teme otro fin de año con despidos masivos de trabajadores en el sector público. El gremio advirtió que si hay más desvinculaciones, habrá conflicto.

El Gobierno nacional despidió a 50 empleados del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Además intimó a otros 30 a jubilarse. La determinación va en línea con la desregulación del transporte aerocomercial.

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria ante el inminente inicio de un paro por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que reclama libertad en la negociación de su paritaria sectorial.

Según el informe de Mercado de Trabajo del INDEC el desempleo afectó al 6,9% de la población que vive en conglomerados urbanos durante el tercer trimestre de este año. Se trata de un crecimiento de 1,2 puntos porcentuales con relación a la situación que exhibía el mercado de trabajo durante el mismo trimestre de 2023 cuando el fenómeno afectaba al 5,7% de la población económicamente activa (PEA).

La Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (Atrana), resalto la defensa de la Radio Pública y los salarios de los trabajadores. “Este año sufrimos la mayor confiscación salarial de la que tengamos memoria, con pérdidas que alcanzaron el 60% en términos reales según el IPC”, remarcó la entidad sindical.

El Gobierno de Javier Milei comunicó el despido de 2.400 empleados del Ministerio de Justicia y la eliminación de incentivos destinados a capacitaciones laborales, argumentando que estos mecanismos estaban desvirtuados porque no se concretaban y representaban un gasto injustificado para el Estado.