Se desarrolló en la ciudad de Ushuaia el curso de Formación de Dirigentes en Salud y Seguridad de las trabajadoras y los trabajadores, organizada por el ISSTATE y ANUSATE Tierra del Fuego. 

Se trata de la Resolución N° 2.131. La norma establece una presunta articulación con el Ministerio de Desarrollo Social que encubre una migración de hecho a esa cartera. Principalmente, afecta a Asistentes Sociales.

El jueves de la semana pasada hubo un principio de incendio en una de las calderas, lo que derivó en la evacuación de alrededor de 500 alumnos y la suspensión de las clases, con la correspondiente inhabilitación de dicha caldera por parte de Camuzzi. El lunes, Camuzzi comprobó que la caldera que se instalara luego del incendio estaba funcionando sin habilitación y emanando gases, y aseveraron que no habían estado en el Colegio desde el jueves, día del incendio. Los miembros de la comunidad educativa fueron inflexibles al reclamar que sólo se reanuden las clases cuando se presente el certificado de inspección de Camuzzi.

La titular de la Cooperativa Renacer de Ushuaia, Mónica Acosta, se refirió a los inconvenientes que se encuentran atravesando, a raíz de la crisis y de las políticas que se implementan en la actualidad. “Llegamos muy desgastados y con la fábrica prácticamente parada desde el 15 de diciembre”, destacó Acosta.

“El Gobierno fue generando las condiciones para la existencia de un escenario social caracterizado y atravesado por una de las crisis más profundas que el pueblo argentino ha vivido”, señala el documento de la CGT Ushuaia.

Los obreros de la Cooperativa Renacer participarán activamente de la movilización de este 4 de abril en la ciudad de Ushuaia. Desde la empresa recuperada proponen  la creación de un “Instituido Provincial de Investigación, Desarrollo y Producción de Tecnología y Sustitución para la Industria Fueguina”, para que sea ser el motor de una nueva matriz productiva y que tenga como marco la ley 19640.

SUTEF recuerda la fecha del asesinato del Docente Carlos Fuentealba, ocurrida en la provincia de Neuquén, hace 12 años, en el marco de una protesta social que protagonizaban los docentes.

“El caso de Gustavo Vidaurre es un antecedente importante ya que, tras un arduo recorrido burocrático, la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio Jefatura de Gabinete, dictaminó que sus derechos debían ser restituidos pese a todas las trabas que la Dirección de Políticas para las Personas con Discapacidad puso en su camino con el propósito de despojarlo de ellos”, señaló la Comisión de Discapacidad de la CTA-A de Tierra del Fuego.