A dos semanas de los primeros 150 despidos en la planta de Valentín Alsina, la empresa del Grupo Techint continúa sin retrotraer las cesantías tal como lo ordenó el Ministerio de Trabajo bonaerense.

Se trata de la empresa Manisur S.A. que tiene su fábrica en la localidad de Santa Eufemia, en Río Cuarto, Córdoba. Esta medida golpeó de lleno a una comunidad cuya economía depende en gran medida de esa producción. Los trabajadores fueron despedidos y suspendidos.

Más de 110 trabajadores de las firmas Unión Bat y Laboratorios Pyam, ambas ubicadas en el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), iniciaron el lunes una serie de protestas en reclamo por sus cesantías. Las medidas de fuerza, que incluyeron movilizaciones y cortes de ruta, se extendieron a lo largo de la semana y buscan visibilizar el impacto de una crisis que, según denuncian los gremios, convierte al trabajador en “descartable”.

Se trata de 35 trabajadores de la empresa Metalfor, de la localidad de Noetinger, en el sureste de la provincia de Córdoba. La firma comunicó que se podía retirar para ver el partido de la selección, y en el medio les informaron que debían pasar por el correo.

La empresa Dass, dedicada a la producción de zapatillas, cerrará definitivamente su planta de Eldorado el próximo 17 de julio. Dejará 150 trabajadores sin empleo. El cierre se produce en medio de una fuerte caída de la actividad y un complejo escenario económico para el sector.

Los operarios de Crucianelli, empresa familiar ubicada en barrio Cabildo, llegaron a tomar servicio como cualquier otro día y se encontraron con las puertas soldadas por dentro y por fuera, los dueños sin aparecer y los teléfonos sin respuesta. Sin telegrama previo, sin aviso, sin explicaciones.

Veinte trabajadores de Bodegas Bianchi fueron despedidos el pasado 30 de junio. La firma se escudó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo lo que la habilita a pagar indemnizaciones reducidas por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador.

Rafael Güenchenen, Secretario General del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) de Santa Cruz, rechazó categóricamente la denuncia judicial penal presentada en su contra por la operadora Pan American Energy (PAE). El dirigente calificó la acción judicial como un "grave atropello institucional" e intento de “criminalización de la protesta gremial”.