La informalidad laboral constituye el problema más significativo que afecta al mercado de trabajo argentino. Como evidenció la última década, un contexto de crecimiento económico estable y elevado favorece la reducción de la informalidad y facilita la efectividad de las políticas destinadas a intensificar dichos procesos. Las mejoras registradas en los niveles de informalidad entre 2003 y 2014 permitieron revertir la tendencia ascendente que el indicador había sostenido desde mediados de los años setenta.

Actualmente, la informalidad se mantiene en niveles históricamente elevados: afecta a uno de cada tres asalariados. Asimismo, el crecimiento del empleo formal se ha desacelerado, generando cierta inflexibilidad en la baja de la informalidad laboral durante los últimos años. Diversos factores explican esto último. Por una parte, el menor ritmo de crecimiento de la economía, la restricción externa y la persistencia de una estructura productiva heterogénea limitan las posibilidades de expansión de la producción y generación empleo de calidad. Por otra, la mayor concentración de los ocupados informales en algunos segmentos críticos (el trabajo doméstico, el trabajo cuentapropista, el trabajo agrario en el ámbito rural y el empleo asalariado en la construcción y el comercio) cuya formalización resulta más difícil debido a características productivas, económicas y sociales.
En este escenario, la profundización del proceso de formalización en Argentina requiere de intervenciones específicas como: la simplificación de la registración y reducción de los costos fiscales y de la seguridad social a las empresas de menor tamaño, el apoyo productivo a las firmas pequeñas y medianas, la inspección laboral, y la coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en el proceso. La Ley N° 26.940 de Promoción del empleo registrado y prevención del fraude laboral sancionada en 2014 avanza en ese sentido con la creación un esquema de incentivos para que los microempleadores contraten asalariados bajo las condiciones exigidas por la normativa, el fortalecimiento de algunas instituciones laborales para desalentar la presencia de trabajadores no registrados y el rediseño de algunas acciones con el objetivo de aumentar su escala y mejorar sus impactos.
De las diferentes visiones plasmadas en este documento se desprende que para lograr mayores avances en la reducción de la informalidad es necesario contar con un mercado de trabajo dinámico. Por eso, junto con el fortalecimiento de las instituciones laborales, una estrategia integral para formalizar la economía informal debe contemplar también el diseño de la política macroeconómica y el fortalecimiento del entramado productivo.
Las políticas destinadas a reducir las brechas de productividad entre diferentes sectores, estratos de empresa y regiones deben apuntar a mejoras genuinas que no afecten el bienestar ni el acceso a los beneficios sociales de los trabajadores. Asimismo, la profundización y redefinición de las políticas estatales específicas no exime al resto de los actores sociales de sus responsabilidades en el desafío de la reducción de la informalidad. En este sentido, como en algunos segmentos críticos de elevada informalidad ciertas normas de comportamiento y características intrínsecas de los sectores explican la persistencia del fenómeno, es necesario reforzar la estrategia de divulgación de información, apuntando no solo a concientizar sobre la necesidad de alcanzar la regularización junto con las sanciones que implica su incumplimiento, sino también para acompañar a los trabajadores al momento de efectuar denuncias sobre trabajo no registrado.

Fuente: Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente – Secretaría Relaciones Internacionales – CGTRA