Aunque Perón los dejó en evidencia hace muchos años, el Gobierno creó mediante Resolución  181/16 de fecha 24 de abril  la “Comisión de Seguimiento de la Emergencia del Sistema Previsional " convocada como "Mesa Técnica".

¿Cómo surgió? El Gobierno no podía sostener la estrategia de dilación en el tiempo del Gobierno y la negación de sentarse a dialogar. Para ello el Ejecutivo, definió no dialogar con la Unión y buscó conformar una Mesa de Diálogo con algunos dirigentes gremiales, socios políticos que hicieron la campaña de Bertone. Primero buscó el apoyo de aquellas dirigencias que nunca reclamaron por la recuperación de los derechos conculcados por el paquete de leyes de ajuste como UPCN, UPJN, y otros. Luego, buscaron el acompañamiento de aquellas dirigencias afines como ATE y ATSA (EL Secretario de Gobierno conforma la CD de Dicha organización) que empujadas por las bases, debieron ponerse al frente del conflicto.  Luego de varias maniobras disuasivas y de reparto de prebendas e incentivos se sumaron a las pretensiones del Gobierno y abandonaron en la lucha a sus bases. Estas mismas Organizaciones aceptaron la condición del Gobierno de levantar el paro y el acampe para conformar a Comisión y ahora NO permiten que los gremios que continúan con las medidas  puedan acceder a poner una palabra en esa comisión. Es por ello que desde La Unión de Gremios y Jubilados, contrastando las palabras con los hechos, queremos poner un poco de claridad sobre lo que creemos que es la verdadera finalidad que persigue el Ejecutivo con esta Comisión de Seguimiento. Las Actas son públicas, y nos parece valioso hacer público nuestro análisis de lo logrado hasta aquí.

La resolución fija como ÚNICA FACULTAD: requerir información de la gestión del Sistema Previsional Provincial. El ROL de la Comisión es: requerir información de los organismos públicos vinculados al Sistema Previsional, emitir opiniones, presentar recomendaciones ante cualquier Ente, Repartición o Poder del Estado Provincial. Pasado en limpio, la comisión no tiene NINGUNA FACULTAD RESOLUTIVA.

En la primer reunión en ATE Tolhuin del 3 de mayo no fuimos formalmente invitados y se desarrolló  el mismo día que se llevaron detenidos a cinco dirigentes de la Unión, en esa primer Acta de la reunión, el Gobierno impuso como condición para sumarse a la mesa el levantamiento de todas las medidas de fuerza llevadas a cabo por la Unión de Gremios, lo cual fue acompañado con la firma de los dirigentes gremiales presentes y pasaron a cuarto intermedio.

En la segunda reunión, el 9 de mayo,  en ATSA Río Grande, los gremios de la Unión fuimos invitados pero no se nos dejó ingresar por estar en medida de fuerza. El Ejecutivo argumentó que fue la Mesa de Seguimiento por votación unánime quien determinó que los gremios que estaban en medidas de fuerza y acampe no podían ingresar. La reunión se llevó a cabo  y no se labró acta alguna.

En la tercera reunión  a la que no fuimos convocados, los dirigentes sindicales que ingresaron, obviamente ninguno de la Unión, plantearon una serie de puntos a debatir que se incluyen como sugerencia de temario, pero no hubo ninguna definición con respecto a los mismos. Además el Gobierno se compromete a conseguir los recursos para realizar un estudio actuarial. Esto es lo más contradictorio del Gobierno que reconoce que es necesario un estudio actuarial para no hacer cosas “a ciegas” como dijo Gastón Díaz en los medios. La necesidad de realizar el estudio PONE EN EVIDENCIA QUE NO HUBO NINGÚN ESTUDIO ACTUARIAL PARA MODIFICAR LAS LEYES, ES DECIR, RECORTARON DERECHOS DE LOS TRABAJADORES SIN NINGÚN SUSTENTO TÉCNICO.

En la cuarta reunión en SATSAID en la ciudad de Río Grande, el día 24 de mayo, a la cual se nos volvió a convocar a última hora pero tampoco se nos permitió el ingreso excusándose nuevamente en la condición de levantar el acampe para poder participar. En esa oportunidad el ministro Gastó Díaz conversó afuera con los gremios de la Unión asumiendo el compromiso de plantear ante los sindicatos nuestro ingreso  y plantear una flexibilidad en el condicionamiento, argumentando que en pos de avanzar, se podía permitir la participación  en  la reunión a los sindicatos de la Unión. Para plantearlo, el Ministro ingresó a la reunión acompañado por tres dirigentes sindicales y un jubilado de la Unión, pero esta propuesta no fue acompañada afirmativamente por todos los  gremios presentes ya que tres de ellos cuestionaron el cambio de criterio del Ministro  aduciendo que debíamos aceptar las mismas condiciones que ellos aceptaron para participar.  Ante lo cual  Gastón Díaz  comunicó esto a quienes aguardaban afuera y aceptó mantener una reunión con los sindicatos nucleados en la Unión esa misma noche, oportunidad en la que se le hizo entrega de una nota comprometiéndose a dar respuesta por escrito de la misma. A pesar de haber reconocido en esa charla que el Gobierno debía dar un paso más hacia la resolución del conflicto, en una nueva falta de palabra del Ministro, salió a los medios a desconocer sus mismos dichos volviendo al discurso original de impedir nuestra participación. El Ministro Díaz sigue intentando involucrar y responsabilizar a los gremios de no permitir nuestra participación aplicando la perversa maniobra de trasladar la responsabilidad Política del Gobierno en los gremios participantes de la Mesa Técnica. El día que debía contestar la nota, envió a la policía a desalojar e incendiar violentamente el acampe frente a Casa de Gobierno. Esa fue su respuesta al pedido de dialogar que le formuló la Unión.

En la reunión que convocó a la Mesa Técnica para el 3 de junio, fuimos invitados, ya sin acampe en Casa de Gobierno, pero nuevamente se nos negó ingresar. 

En la última acta, queda claro que tanto el Ejecutivo como los Gremios que la firman, parten de un punto, erróneo y falso con respecto a la Ley 1068, ya que, como explicamos en conferencia de prensa, no existe la emergencia previsional. Éste es el verdadero punto por el cual no nos dejan participar, porque tenemos los números, los datos del IPAUSS, para demostrarlo (VER ANEXO). Además, también queda implícito en el acta, que los gremios sentados han aceptado que no va a haber ninguna modificación a las leyes, ya que piden que todo se haga mediante reglamentación.  Cosa que hace imposible que se recuperen los derechos.

Ante tantas mentiras, excusas, dimes y diretes del Ministro Gastón Díaz, queremos poner en evidencia el perverso juego de dilate llevado adelante por el funcionario.

Cuando hay voluntad de negociación y el diálogo es productivo, es posible avanzar y así lo comprobó La Unión de Gremios en esa primera reunión mantenida en la Legislatura Provincial con algunos legisladores el día 5 de abril.  En la misma se logró en el término de 4 horas debatir, consensuar y resolver las diferencias y objeciones formuladas a la Ley N° 1068. Además se cambiaba la mirada del concepto de Emergencia Previsional por el de Fortalecimiento Previsional. Se acordó resguardar el derecho paritario de los trabajadores del Banco, eliminar el impuesto al salario a los trabajadores activos y pasivos, mal llamado aporte solidario,  eliminar el Fideicomiso con el que el Gobierno evita pagar las deudas y la devolución del 82% móvil.  Esto consta en el registro taquigráfico de la Legislatura. Los legisladores se comprometieron a  que los acuerdos arribados en esa reunión  se volcarían en un anteproyecto de ley para analizarlo en una reunión siguiente con la Unión y luego presentar UN PROYECTO CONSENSUADO CON LOS TRABAJADORES PARA  QUE FUESE TRATADO EN SESION LEGISLATIVA. Pero duro poco la buena voluntad de este puñado de legisladores  integrado por Romano del FPV, Rubinos de UCR y  Villegas, Urquiza y  Loffler del MPF quienes se adjudicaban la representación de los Bloques, excepto Romano. Pero esa misma noche este grupo de legisladores mantuvo una reunión con el Gobierno quien les pateó el tablero haciéndoles saber que NO EXISTE LA INDEPENDENCIA DEL PODER LEGISLATIVO. Este espacio, bajo excusas de los legisladores, se truncó y por supuesto lo acordado con estos legisladores QUEDÓ EN LETRA MUERTA, porque la ORDEN DEL GOBIERNO ES NO CAMBIAR NI UN PUNTO NI UNA COMA DEL PAQUETE DE LEYES.

Con posterioridad a estas reuniones es que da inicio a la Mesa Técnica la cual lleva cinco reuniones y el  único compromiso ASUMIDO por el Gobierno, según consta en actas, es que "apoyará políticamente las decisiones jurídicas que propendan a la SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA PREVISIONAL". Es decir, el Ejecutivo NO GARANTIZA ningún acompañamiento a proyectos de Leyes que permitan modificar artículos y/o recuperar algún derecho. Lo que se traducen que, llegado el caso, solo darán alguna respuesta por vía reglamentaria, que consolida las leyes sin modificar absolutamente nada.

A más de 90 días de reclamos y de permanente búsqueda de diálogo comprobamos día a día que la voluntad  política del Gobierno ES CERRAR TODAS LAS PUERTAS a la Unión de Gremios y Jubilados de TDF porque desenmascaramos sus verdaderas intenciones.

La realidad es que los Estatales llevamos más de 90 días de lucha, mientras la Legislatura hace más de 90 días que  no sesiona y los parlamentarios no asumen la responsabilidad legislativa que les exige el cargo, no dan la cara, ni honran el compromiso constitucional de  independencia institucional de los poderes.

Como la realidad no la pueden ocultar con mentiras queda claro que la Única Voluntad Política del Gobierno ES DILATAR   Y DISTRAER LO MÁXIMO POSIBLE A LOS GREMIOS EN LA MESA TÉCNICA, PARA GANAR TIEMPO Y CONSOLIDAR LA APLICACIÓN DEL PAQUETE DE LEYES. APOSTANDO AL DESGASTE Y ABANDONO DE LA LUCHA  POR PARTE DE LA UNIÓN DE GREMIOS.

VOLVEMOS A RATIFICAR NUESTRO COMPROMISO EN LA LUCHA HASTA RECUPERAR LOS DERECHOS VULNERADOS.

Ni un derecho menos en Tierra del Fuego!!

ANEXO

Los números y datos del IPAUSS suministrado por los Directores, evidencian que el Gobierno pretende hacer caja, licuar deuda, tomar el control de la caja de Obra Social  y Previsional y cambiar el régimen jubilatorio para conseguir financiamiento nacional.

En el mes de mayo 2016 el pago en jubilaciones total fue de  $ 198 millones, mientras que lo que debía ingresar de aportes y contribuciones serían $206 millones, es decir supera en 8 millones. Esto sin tener en cuenta el 3% que impone la AREF, el 2% del diferencial Salud, las utilidades del BTF que en el 2015 fueron de $124 millones, y 1 millón que debe retener a los municipios.

Con esto se ve que superan ampliamente el egreso por jubilaciones. Pero esa plata no está en IPAUSS donde debería estar,  sino en Gobierno. Los 8 millones de más, los 124 millones del BTF, lo del AREF, etc, quedan en  manos del Gobierno.

Luego, comparando diciembre 2015 con mayo del 2015 tenemos que en diciembre el pago de jubilaciones fue de $185 millones, $ 66 millones fueron aportes de los trabajadores activos y $119 fueron contribuciones patronales. En mayo 2016 los pagos por jubilaciones fueron de $198 millones, de los cuales aportes de los trabajadores fueron $99 millones y aportes de los empleadores fueron de $99 millones. Es decir, que ahora el empleador (Gobierno Provincial, Municipalidad, Entes descentralizados) ponen menos que antes.  La plata salió del bolsillo de activos. Y encima siguen debiendo. Queda claro que el Gobierno quiere solamente hacer caja.

Con respecto a las deudas los distintos gobiernos al año  2000 debían de aportes y contribuciones $ 914 millones a la Obra Social (capital) y a la Caja de Jubilaciones 910 millones, lo que suma $1830 millones de deuda de capital, sin intereses.

Además de la Ley 676 deberían haber pagado más de 125 cuotas, pero sólo pagaron 6 cuotas que se depositaron en el Banco Nación,  pero ahora lo acopió el Gobierno. Esa deuda cuantificada es de  23.000  millones de pesos.

La emergencia no está en el ipauss.

Además, en la historia se ve cómo los distintos Gobiernos desfinanciaron la Caja de Jubilaciones ya que en el años 1985 el Gobernador Sciurano mediante un decreto bajó las contribuciones patronales del 15% al 7,5%. Esto se siguió aplicando así y en 2002 en el Gobierno de Manfredotti lo hizo ley.

El empleador aportó durante casi 20 años menos que el trabajador que siempre estuvo en el 13%. En el 2003-2004 se empezó a elevar el aporte 1 punto por año hasta el 2007  llegando al 11%. Se mantuvo así hasta el 2013 que fue subiendo gradualmente hasta el 2015 llegando al 16%.

Es decir, todos los gobiernos usaron las contribuciones y administraron su gestión con los fondos de la caja. Ni siquiera cuando era del 8,5% lo pagaban en tiempo y forma.

Con el fidecomiso, el actual Gobierno ahora hace lo mismo. Licua la deuda y derogando la Ley 676, sumado a esto el recupero de deuda no lo pasa al IPAUSS sino lo usa el gobierno para un fideicomiso. Redujo la deuda a menos de una cuarta parte de lo que es y no lo deposita al IPAUSS sino que con esos fondos arma un negocio inmobiliario.

Desde el IPAUSS, los directores electos judicializaron deudas y en la justicia no se mueven. Se  denunció penalmente a los funcionarios y tampoco tuvieron efecto. También se hicieron dos denuncias penales al actual presidente.

La connivencia de los tres poderes es tal que han acordado políticamente que el ajuste pase por los trabajadores y están dispuestos a todo para que recaiga sobre nosotros y nuestras familias. No pasarán!

Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego.

Secretaría de Prensa y Difusión. Comisión Directiva Provincial. SUTEF.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar