Tal como advertimos desde la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma, que una de las consecuencias de la nefasta Ley N° 1072 que modifica el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), sería que personas con discapacidad quedarían sin cobertura médico asistencial, comprobamos que esto ya está sucediendo en nuestra provincia.

En la práctica, varios de ellos quedaron sin ninguna cobertura por diversos motivos; porque en el PUCO (Padrón Único Consolidado Operativo) aparecen como afiliados a otra obra social a la que de hecho nunca han pertenecido o no pertenecen más, a no haber sido fehacientemente notificados de su situación, a estar tramitando el alta en la segunda obra social pero con resultados infructuosos y a otras razones particulares que no pueden ser categorizadas ya que el universo de las Personas con Discapacidad y las obras sociales es diverso y heterogéneo.

Hemos advertido con preocupación que esto sucedería, se nos ha dicho que nadie iba a quedar desprotegido y que el Estado seguiría siendo el garante de su salud. El Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz en la Comisión N°5 de la Legislatura, el Vicegobernador Juan Carlos Arcando cuando nos recibiera en su despacho, y el Secretario de Coordinación de Políticas para las Personas con Discapacidad Dr. Carlos Cabrera; se han comprometido en este sentido pero no es lo que pasa en la actualidad.

Nos encontramos con personas a la espera de una derivación, de una intervención quirúrgica programada u otros tratamientos médico-asistenciales necesarios e impostergables, dada su discapacidad van peregrinando del IPAUSS a la Secretaría de Coordinación de Políticas para las Personas con Discapacidad, y de allí a la Defensoría en busca de una solución que hasta hoy no llega.

Nos hemos reunido con responsables de estas tres áreas y hemos solicitado que al menos, se concediera una prórroga para sostener la obra social IPAUSS a aquellas personas que pudieran demostrar que se encuentren tramitando la baja o el alta de la segunda obra social para que no queden sin cobertura y en un estado de abandono por parte del Estado Provincial.

A esta situación hay que sumarle la dilación en los tiempos para el tratamiento de los proyectos de modificación de la ley de RUPE. Desde principios de julio que han tomado estado parlamentario, y recién el 20 de septiembre comenzaría el debate en la Comisión N° 5. Hemos planteado, junto con otras organizaciones e instituciones educativas la necesidad de acortar los tiempos ya que los perjuicios ocasionados por la ley vigente son gravísimos y podrían encuadrarse en un abandono de persona.

Apelamos una vez más al sentido común para que este tipo de políticas de índole puramente economicista no siga perjudicando justamente al sector que el Estado debería proteger.

Secretaría de Discapacidad. CTA Autónoma Tierra del Fuego

Fuente: gremialesdelsur.com.ar