“Estamos aquí, llevando y sosteniendo ésta medida a la que no hubiéramos tenido que llegar, cual es, la toma de la sede del Consejo Provincial de Educación, ante la injusta condena a la que hemos sido sentenciados cuarenta Auxiliares de la Educación al dejarnos sin trabajo. No hay afrenta que fustigue, castigue y duela más y se pueda comparar con lo que hoy vivimos y tenemos que enfrentar quienes hemos sido despedidos”, dijo Gabriela Pérez y agregó, “somos 37 madres, 37 mujeres cabeza de familia, con hijos pequeños que en tiempos en que la dirigencia política con inflamados discursos en defensa de los derechos de la mujer, en proyectos que, puesta a la consideración mediática y en la búsqueda de fama elevan solicitando sean reivindicados derechos conculcados, o con la intensión de nuevos reconocimientos. Pero hoy, el derecho primario, el derecho de poder llevar el alimento a la mesa familiar, se nos ha proscripto. Entonces, cabe la pregunta ¿dónde están los derechos del niño, derechos a los que adhiere refrenda y suscribe la constitución nacional?”.

“Si, hoy, 37 madres cabezas de familia nos vemos imposibilitadas de cumplir con lo más básico, el alimento. No venimos a mendigar nada. No queremos subsidios. Queremos ganar con honradez el derecho a la vida. Pero aquí, nos vienen a proponer la precarización, la tercerización, que nos constituyamos en cooperativas. Trampa a la que nos quieren llevar los políticos de turno que nos dejaron sin trabajo. Nuestro trabajo. Sabemos muy bien que, si así lo hiciéramos, el cobrar, luego sería una quimera”, remarcó la trabajadora.

Gabriela Pérez destacó que, “el Estado quiere desligarse de su función primaria y elemental, administrar recursos, generar y dar trabajo. Pero este ajuste, el ahorro que pretenden alcanzar, no será en base a la condena al hambre y a la marginalidad a mujeres cabezas de familias. Somos trabajadoras que cumplimos cabalmente nuestras funciones laborales. El Intendente de Pico Truncado. Omar Fernández nos deja sin trabajo a finales  del 2016. Y éste año, se hizo cargo del pago de nuestros haberes Margarita Vivar del Comisionado de Fomento Koluel Kayke. Pero vencido nuestro contrato en abril, no tenemos renovación de contrato laboral. Nosotras, estamos sindicalizadas en ATE”.

“La presión que se ejerce es por nuestra sindicalización y pertenencia a ATE. Agotado el canal de diálogo, decidimos venir 18 compañeras a tratar de destrabar éste conflicto, y al no ser recibidas por las autoridades del -CPE- decidimos permanecer aquí hasta tanto y en cuanto seamos recibidas y se arribe a una solución, que no es otra que el recupero de nuestras fuente laboral. Estamos acompañados por compañeros Delegados y Auxiliares de la Educación, y dirigentes del Consejo Directivo Provincial de ATE Santa. Cruz y tratando de encontrar un canal de diálogo. Hemos sido pacientes, pero se debe entender que la situación nuestra actual es desesperante y agobiante. Mucho más cuando hay hijos menores que demandan lo más básico, alimentos”.

Prensa ATE Santa Cruz

Fuente: gremialesdelsur.com.ar