En el Encuentro Patagónico al que asistieron las principales autoridades de la provincia de Tierra del fuego y de las provincias de la región Patagónica, además de Senadores y Diputados Nacionales, Legisladores provinciales y Concejales de la región; hablaron Verónica Andino, Secretaria General de la seccional Rio Grande de SUTEF, y Klevel Barrientos, del Centro de Estudiantes Sudestada por Ushuaia.

A continuación, el texto completo del documento:

“Los y las abajo firmantes, en representación de las organizaciones gremiales, políticas, barriales, sociales y estudiantiles que conforman la Multisectorial por los Derechos Humanos de Ushuaia y la Multisectorial por la Soberanía de Río Grande; en el marco de la realización del Foro Patagónico de legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales en la capital fueguina; nos hacemos presentes en este ámbito de debate para dejar expresada la realidad que venimos atravesando en nuestra provincia como consecuencia de las políticas de entrega, hambre, desocupación y avance sobre los Derechos Humanos y democráticos, que implementan el Gobierno nacional de Mauricio Macri y en nuestra provincia la gobernadora Rosana Bertone. Desde las diferentes organizaciones escuchamos discursos encendidos contra las políticas nacionales y a la vez sufrimos como pueblo las mismas políticas aplicadas por quienes dicen estar en desacuerdo. El avance del neoliberalismo en la Argentina fue sostenido por las y los mismos que hoy, por cuestiones electorales, intentan distanciarse.

En este contexto nacional, donde el recorte presupuestario y la quita de derechos se normaliza cotidianamente, debemos decir claramente que ello no sería viable sin la anuencia de los gobernadores que una a una han acordado con el gobierno Nacional cada medida en contra de las y los trabajadores y los sectores más vulnerables. Con bajada de línea a los senadores y acuerdo con los diputados, el poder Ejecutivo y Legislativo de nuestra provincia ha incentivado, acordado y acompañado todas las medidas en detrimento del bienestar del pueblo: el Pacto Federal y el acuerdo con el FMI han sido medidas celebradas por el poder político fueguino.

Tierra del Fuego ha sido punta de lanza del ajuste, ensayando medidas aún antes que se ejecuten a nivel Nacional. El paquete de leyes de enero del 2016, la quita compulsiva de pensiones y los límites en las asignaciones familiares de las personas con discapacidad, la suspensión de las paritarias a los docentes y a otros sectores Estatales, el armado de causas ficticias a trabajadores así como la persecución y criminalización de la protesta, son algunas de las medidas en las que Rosana Bertone se ha adelantado al macrismo. El desmantelamiento del polo industrial, el endeudamiento en el extranjero garantizado con las regalías hidrocarburífera, el despido a empleados estatales y la precarización de las condiciones laborales son las líneas de acción que se reproducen en cada acto del gobierno provincial.

En el sector docente y estatal la situación es crítica. A la casi inexistente recomposición salarial en estos últimos tres años, se suman cuestiones no menos graves como: la constante persecución y hostigamiento al personal que se opone al autoritarismo y a la violación de la norma, llegando hasta la separación del cargo de seis supervisoras; un vicedirector, suspensiones y sumarios a ellas y a otros trabajadores; despido de docentes; de dos trabajadoras estatales; la intervención del IPESFA y el desmantelamiento de las carreras terciarias.

Un apartado especial merecen las exoneraciones a los 17 trabajadores de la educación; los 5 dirigentes chupados por la injusticia provincial a medida del Poder Ejecutivo y el procesamiento de docentes por reclamar, que junto con otras medidas intentan restringir la libertad sindical y adoctrinar a las y los demás trabajadores. La negación caprichosa al diálogo y a la negociación, la desestimación constante de las y los trabajadores, la criminalización de la protesta y la complicidad de un sistema judicial adicto al gobierno de turno que no cumple con los requerimientos de la Corte Suprema de Justicia ni con las recomendaciones de la OIT, profundizando una situación de inseguridad jurídica y de violación de DDHH y sindicales.

Los paquetes de Leyes de ajuste aprobados en enero de 2016 y diciembre de 2017 atacaron de lleno las condiciones previsionales, aumentando la edad jubilatoria y deteriorando las condiciones para el retiro laboral.

Todas estas políticas fueron delineadas por el gobierno de Bertone y Arcando, en franco consenso con el gobierno macrista, sin dejar margen de duda acerca de que la sintonía ajustadora es nacional y provincial y que no es por presión de Nación, sino por cuestiones de convicción ideológica y política. Bertone es Macri.

Este paquete de leyes también vino a conculcar derechos de las personas con discapacidad. La ley N°1072 que dejó sin la obra social del Estado a un gran número de pensionados fue la primera de las medidas que tomó el gobierno en complicidad con el poder legislativo. Restringieron el acceso a las pensiones provinciales, amparados en una supuesta regularización dieron de baja un gran número de las mismas; redujeron el marco prestacional de la obra social y hasta restringieron el acceso al transporte estatal para concurrir a los tratamientos y establecimientos educativos. En discapacidad también la provincia de TDF tiene el triste mérito de ser precursora de las medidas que luego aplica el macrismo a nivel nacional.

La firma del Pacto Fiscal por parte del gobierno provincial al que también adhirió el gobierno municipal, trajo aparejada la decisión política de aplicar el ajuste descarnado en ámbitos como el de la Salud y la Educación públicas. Desde la asunción del gobierno bertonista, el sector de les estudiantes ha sufrido constantes recortes y restricciones en su derecho al acceso a la Educación Pública, Gratuita y Laica e, incluso, al libre ejercicio del derecho a la organización estudiantil dentro de las escuelas secundarias. La imposición del estatuto de conformación de los Centros de Estudiantes Secundarios es una clara muestra de esto. En todos los niveles, sistemáticamente, se han concretado medidas que van en contra del estudiantado porque implican el cierre de turnos y cursos, tanto en nivel inicial como en nivel medio; la pérdida de proyectos que apuntan a la contención pedagógica de les estudiantes y su permanencia en las instituciones educativas, entre muchas otras. Es imposible dejar de mencionar las condiciones paupérrimas de los edificios escolares a los que cada día asisten cientos de niños, jóvenes y adultos.

Uno de los embates más brutales a nuestra Educación Pública ha sido la intervención del Instituto de Formación Docente IPES “Florentino Ameghino”. Además de desplazar a sus autoridades e imponerles sumario y denuncia penal, al igual que al personal de secretaría, la Resolución 677/18 MDE desconoce al Consejo Directivo, el cual es el órgano de co-gobierno de la institución, cuyes integrantes son elegidos democráticamente. El IPES FA, es una institución con 30 años de trayectoria, de prestigio y pleno funcionamiento ya que, tal como lo determina normativa nacional y provincial vigente, además de la formación de grado, hasta el 26 de marzo del corriente año, brindaba capacitación y extensión gratuitas, realizaba investigaciones educativas y asesoramiento a instituciones de otros niveles. En estos 6 meses de intervención, les estudiantes (docentes en formación) hemos sufrido la falta de espacios curriculares, de mesas de examen, ordinarias y extraordinarias, de observaciones en las residencias pedagógicas que se realizan desde el 1ero al 4to año de la formación docente. También se vio impedida la realización del Ciclo introductorio, que permite el ingreso de nuevas cohortes luego del primer cuatrimestre y se sabe que no se realizará el Introductorio correspondiente al ciclo lectivo 2019. La última resolución ministerial invalida los concursos por oposición y antecedentes que se han realizado históricamente en la institución y determina la designación directa, a término, de les docentes para cubrir esas horas, lo que implica la precarización laboral de les casi 200 docentes de la institución y, para les estudiantes, la incertidumbre de no saber si se podrá cursar un espacio curricular o no el próximo año. Esto es solo una parte del daño pedagógico y didáctico estructural que está provocando la intervención al IPES FA. Esto es producto del brutal recorte de horas cátedra que lleva adelante este gobierno, siendo esta la única razón real para imponer la intervención. Todas estas medidas, aplicadas por el Ministerio de Educación, a cargo de Diego Romero y la Dirección de Educación Superior, a cargo de Evelina Arias, están provocando daños estructurales en la formación docente de la provincia; el único objetivo es mercantilizarla para hacer de la misma un negocio y una devolución de favores, tal como sucedió en el IPES Paulo Freire, de la ciudad de Río Grande, al que se le quitó el Profesorado de Inglés para entregarlo a un instituto arancelado.

Desde salud presenciamos con desolación que lo único que ha crecido dentro del sistema sanitario local son las instituciones privadas y el organigrama del ministerio de salud de la provincia. A pesar de las fortunas que se invierten en infraestructura, el gobierno provincial no ha logrado asegurar un sistema de salud que garantice, equidad, universalidad, integralidad y calidad en sus prestaciones. Esta es la realidad de los sectores más postergados, que aún padecen interminables colas en los hospitales, centros de salud sin médicos y la infinita burocratización de medicación y estudios complementarios. El recorte en programas nacionales se traduce en la falta de anticonceptivos, medicación de Remediar, vacunas, etc., en nuestra comunidad, y deja en evidencia la falacia que plantea la política “maquillaje” de nuestra provincia.

Con asombro hemos presenciado el esmero con que se han optimizado todos los mecanismos de recupero (cobro a obras sociales) dentro del sistema de salud provincial. Sin embargo, poca agenda se ha invertido a nivel local para garantizar el acceso a la salud de los que menos tienen. En una provincia con creciente desocupación, el sector salud requiere políticas transformadoras, con capacidad de paliar los estragos de la crisis, que jerarquice su recurso humano y brinde respuestas integrales. En cambio, la aceptación acrítica por parte de la provincia de la CUS (cobertura integral de salud) impuesta por nación, solo reafirma el vaticinio de que lo peor está por venir.

En tiempos de gobiernos neoliberales como los que estamos viviendo en el presente, es para los sectores más vulnerables que se profundiza la crisis y la pobreza se vuelve estructural producto de las medidas de gobiernos que actúan en sintonía con las medidas de ajuste, precarización laboral y saqueo.

El municipio de Ushuaia con un violento e ilegal accionar y al amparo de la fuerza represiva desalojan familias de manera discrecional, mientras clientelarmente y jugando con la necesidad de la gente, se permite que otras puedan entrar a ocupar sectores liberados.

Con la Policía provincial actuando fuera del marco del debido proceso, en el marco de una creciente militarización, en connivencia con el gobierno municipal y provincial se ejerce una política habitacional mentirosa, discriminadora y violenta, sin atender a dónde van a parar las familias desalojadas o por qué llegan a tomar una decisión tan difícil como arrojarse a vivir sin servicios básicos y condiciones de accesibilidad muy difíciles de sobrellevar más aún en época invernal.

Se avasalla el derecho al hábitat. El Estado ausente se hace presente no para brindar soluciones sino para despojar de lo poco que las personas logran resolver en su ausencia. El estado debe construir, no destruir.

Las mujeres e identidades disidentes no estamos exentas de esta crisis. Muy por el contrario, somos uno de los sectores que más sufrimos la opresión de un estado patriarcal y capitalista que se empecina en tomar posesión de nuestros cuerpos y nuestras decisiones. Tierra del Fuego es un bastión de las prácticas anti-derechos y el Gobierno de Rosana Bertone y Arcando la expresión de lo perjudicial que es la imposibilidad de dejar de lado las propias creencias religiosas en pos de un Estado laico.

Una muestra de esto es el total acuerdo manifestado por el Vice Gobernador ante el tratamiento de la ley que determinó la adhesión de la provincia al decreto presidencial del año 1998, que declara el 25 de marzo como el “Día de los Derechos del Niño por Nacer”, sancionada este año por la Legislatura provincial. Esto es una afrenta para todas las mujeres y personas gestantes que venimos trabajando y luchando en pos de un triunfo en el ámbito de la Salud Pública y del reconocimiento de nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y a recibir la contención y asistencia necesarias para que, cualquiera sea la decisión que tomemos, estemos amparadas por un Estado que decida romper sus cadenas patriarcales y avanzar hacia la construcción de una sociedad anti patriarcal, equitativa, sin violencia de género y más justa.

Sin embargo, lo que sucede en la provincia es todo lo contrario. Las mujeres y personas gestantes somos perseguidas y estigmatizadas en los lugares en los que se nos debiera asistir en relación a nuestros derechos reproductivos. Las militantes feministas somos perseguidas por las fuerzas de seguridad, tal como sucedió con las compañeras de Río Grande, quienes sufrieron allanamientos ilegales y acusaciones infundadas días después de la votación negativa en el Senado de la Nación que nos arrancó, solo por esta vez, la posibilidad de una ley que determina que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser legal, segura y gratuita.

La comunidad trans de la provincia también es avasallada en sus derechos. Sabemos de compañeras trans despedidas en el primer año de gestión bertonista, de una desidia total por parte del Estado provincial y municipal en lo que a reconocimiento de los derechos de la comunidad se refiere. Hoy, les compañeres trans no tienen asegurado el acceso al trabajo por no tratarse el Cupo Laboral Trans en el ámbito municipal ni provincial, recientemente se ha conquistado este derecho en la Universidad de Tierra del Fuego gracias a la lucha de esta comunidad. Tampoco se les ampara en lo que a políticas públicas de acceso a la vivienda, la educación, la salud y el trabajo se refiere. La única explicación que encontramos ante la existencia de leyes y tratados internacionales y nacionales que nos amparan para que todo esto suceda, es la falta de voluntad política tanto del Gobierno provincial como del municipal. Una comunidad que tiene una voz propia muy fuerte, a la que el Estado se niega a escuchar. La provincia de Tierra del Fuego viene padeciendo un proceso de ataque permanente al sector industrial, producto de las políticas implementadas por el Gobierno de Mauricio Macri, el acuerdo, la inacción y el silencio cómplice de la gobernadora Rosana Bertone; quien ahora pretende despertar de su letargo para -con intereses seguramente oportunistas y electorales- acomodar su discurso queriendo aparecer como una supuesta opositora. Pero no olvidamos que Bertone desatendió todos y cada uno de los pedidos que le formularon las y los trabajadores del sector metalúrgico, junto con otras ramas de la industria y los servicios, pidiéndole que los atienda y que ponga a la gestión que encabeza al frente de medidas que sirvieran para salir al cruce de la decisión de Cambiemos de liquidar la industria fueguina y obligar al éxodo a miles de familias. La pérdida de más de 7 mil puestos de trabajo en estos años, son la prueba del resultado que están obteniendo con el verso del “cambio de matriz” productiva, que no significa otra cosa que precarización laboral, desocupación y exclusión. El objetivo final no parece ser otro que liquidar el Sub Régimen de Promoción Industrial, por eso llamamos a seguir peleando por defender nuestro legítimo derecho a seguir viviendo en Tierra del Fuego. En este sentido rechazamos de plano el decreto Nacional 864/18, donde faculta la importación de insumos y partes de productos electrónicos, impactando de manera directa en las producciones, el desarrollo local y principalmente nos deja sin sustento a cientos de familias. Le solicitamos a la Comisión del Área Aduanera Especial que no convalide una nueva entrega, haciendo un renunciamiento anticipado a la perspectiva de exigir esos procesos productivos y productos para TDF.

Tampoco vamos a resignar la defensa de la Soberanía y, en ese camino, el reclamo permanente por la legítima devolución del territorio usurpado en nuestras Islas Malvinas. También en ese aspecto hay que remarcar que el Gobierno fueguino mantuvo silencio ante el proceso de desmalvinización y entrega que quiere implementar Cambiemos. Tarde salió a poner palabra sobre el pacto Foradori-Duncan y tratan permanentemente de vaciar de contenido el Observatorio Malvinas. Pero el pueblo fueguino y sus Combatientes de Malvinas una y otra vez salieron a denunciar esa complicidad con la cual Macri y Bertone tratan de ajustarse a las políticas y los deseos del imperialismo inglés. Poco puede defender la soberanía una gobernadora que incluso entregó parte del territorio de la provincia, como lo es la Isla de los Estados, al Estado nacional por indicaciones expresas del Poder Ejecutivo. No es mejor la situación de nuestros jubilados, quienes dieron la mayor parte de su vida activa, su esfuerzo y tiempo trabajando para generar riqueza a nuestro país y a la provincia de Tierra de Fuego, donde sus derechos fueron reconocidos por la primera Legislatura del ex Territorio, siguiendo después las políticas que décadas atrás sirvieron para garantizar sus conquistas. Sin embargo, desde el 2016 esos derechos fueron destruidos por estos gobiernos a nivel nacional y provincial. Estos gobiernos que toman a los seres humanos como mercancía para negocios. Antes de esa fecha éramos un bastión de la política previsional en el país, se cumplía con el tan ansiado 82% móvil. No es excusa que la longevidad de los jubilados hace deficitaria la Caja Previsional. Entre otras cosas, por ejemplo, si reponen nuestro homologado Fondo de Sustentabilidad que fue saqueado durante el primer Gobierno Provincial y nunca fue recuperado por los sucesivos gobiernos fueguinos. En tres años retrocedimos más de medio siglo en nuestros derechos para la tercera edad.

Los medios de comunicación de la provincia son también un fiel reflejo de lo que sucede en el ámbito nacional; con trabajadores precarizados, sueldos de hambre, presiones permanentes para las voces críticas, pauta publicitaria para “amigos” y censura en los medios públicos. La pantalla de la TV Pública fueguina se encuentra vedada para los sectores gremiales y sociales que plantean alguna crítica a la gestión de la gobernadora, La televisión del Estado se convirtió en la televisión de la gobernadora, una agencia de propaganda proselitista.

Todas y cada una de estas graves situaciones nos ponen hoy en la necesidad de alzar nuestra voz para que nuestra realidad, la realidad de los y las trabajadoras, los y las estudiantes, los y las jubiladas, sea escuchada. Esta es la realidad que vivimos en Tierra del Fuego producto de las políticas neoliberales replicadas por el gobierno provincial. Aquí, en nuestra provincia, en la tierra que queremos seguir habitando, alzamos nuestras voces para denunciar a un gobierno entreguista y ajustador que hoy intenta distanciarse del gobierno nacional pero que en los años que lleva de gestión no ha hecho otra cosa que poner a disposición al pueblo fueguino para hacer de él un laboratorio de ensayo y aplicación de las medidas de ajuste del gobierno nacional.

Es por eso que decimos, sin ninguna duda y con el mayor énfasis que BERTONE ES MACRI".

Secretaría de Prensa y Difusión. Comisión Directiva Provincial. SUTEF.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar