El “Plan de Reestructuración del Estado” que se propone implementar el Gobernador Mariano Arcioni es bastante parecido al que intentó imponer en la segunda mitad de 2018, ajuste que terminó siendo derrotado por la movilización de los trabajadores docentes y el conjunto de los estatales chubutenses.

Ahora, el recién reasumido primer mandatario provincial volverá a la carga con una política de ajuste profundo sobre los trabajadores para tratar de acomodar las descalabradas cuentas públicas de Chubut; encaramándose con los recortes reales que ya contempla el Presupuesto 2020 -aprobado de manera express por la Legislatura- en lo que respecta a las prestaciones esenciales que debe brindar el Estado y sin olvidar la abultada poda en la obra pública.

Tras convencerse de que desde Nación solo se abrirá el grifo de fondos para pagar sueldos y ante la remota chance de renegociar los plazos de la deuda en dólares antes de que Alberto Fernández lo haga con el Fondo Monetario Internacional, Arcioni habría decidido iniciar el año con el ajuste abajo del brazo.

Tres ejes de recorte  

Las tres políticas principales que contempla el plan arcionista incluyen la eliminación de la cláusula gatillo de actualización de los sueldos estatales y jubilaciones, el congelamiento de los mismos durante por lo menos la primera mitad del 2020 y el sostenimiento del pago escalonado -que se iniciaría todos los meses como en la actualidad y recién después del 15 de cada mes-.

En paralelo, la administración arcionista intentaría subir alguna alícuota tributaria provincial -sin que por ahora se sepa qué impuestos se aumentarían- y cobrar las deudas existentes con los morosos del impuesto Inmobiliario, particularmente en el sector rural.

El ajuste de Arcioni no tiene demasiadas diferencias con el que reveló El Extremo Sur en 2018 cuando los alcances del mismo fueron publicados por la consultora FIC Scr, que hacía el seguimiento de los títulos públicos en dólares colocados por Chubut en el mercado extranjero.

Este panorama de recorte de gastos centrado en los salarios de los empleados públicos le apuntaría también a las licencias gremiales, adscripciones y revisión de las licencias médicas, poniendo especialmente el foco en el sector de la Educación y con los docentes en la mira ya que conforman la mayor cantidad de los empleados que contiene el Estado provincial.

El “Plan de Reestructuración del Estado” de Arcioni tiene un paralelismo con el implementado por Alicia Kirchner cuando luego de asumir a finales de 2015 la gobernación de Santa Cruz recortó los sueldos estatales por debajo de la inflación, pagó con por lo menos 15 días de atraso los sueldos y no efectivizó el pago de bonos extraordinarios para los empleados públicos.

Seis meses como mínimo

Por ahora, se especula con la posibilidad de que la poda de Arcioni se extendería por seis meses, aunque los plazos y la aplicabilidad del ajuste dependerán de la respuesta que tengan los gremios a la hora de enfrentarlo y de los ritmos en que el Gobierno pueda avanzar con la renegociación de la deuda con el FMI.

Hasta que eso no se concrete, Chubut no tendrá casi ninguna chance de sentarse con los tenedores de bonos provinciales con vencimientos en dólares y el fantasma de un default con cesación de pagos se cierne sobre Chubut.

En ese marco, con lo único que cumpliría el Gobierno de Arcioni sería con el pago de las cláusulas gatillos atrasadas del año pasado, las que fueron firmadas entre la parte oficial y los gremios; pero las mismas serían casi con seguridad abonadas en cuotas en medio de un semestre sin aumentos salariales y una inflación interanual proyectada por encima del 40%.

Los únicos que tendrían alguna chance de conseguir aumentos salariales podrían ser hipotéticamente los docentes ya que quedarían en manos de las negociaciones paritarias que se efectúen a nivel nacional, aunque en las huestes chubutenses se buscaría desprender al sector de la Educación provincial de los incrementos nacionales.

Fuente: elchubut.com.ar